La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 9 de octubre de 2026 un decreto que obligará a las plataformas digitales y a las redes sociales a impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos de discurso de odio y extremismo, abuso o violencia sexual, violencia escolar, acoso y ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito. Dijo que el instrumento se publicará en el Diario Oficial de la Federación la próxima semana y que antes hablará con las empresas del sector.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, presentó el contenido en la conferencia de prensa matutina. De acuerdo con las versiones de El Financiero, El Universal y Milenio, el decreto fija a las plataformas cinco obligaciones: eliminar cuentas y contenidos que promuevan violencia, clasificar el contenido por edad, ofrecer herramientas de supervisión parental, habilitar mecanismos de reporte, y establecer protecciones de privacidad y seguridad activadas por defecto. Añade un punto de contacto permanente y mecanismos de cooperación con las instancias de seguridad y de procuración de justicia. El gobierno difundió la Línea de la Vida, 800 911 2000, como canal de apoyo.
El texto del decreto todavía no es público
Al cierre de esta edición, el 9 de octubre a las 10:00 horas, el archivo de prensa de la Presidencia de la República no registraba comunicado ni versión estenográfica de la conferencia de ese día: su última entrada es del 8 de octubre. La dirección donde suelen publicarse las versiones estenográficas devolvió un error 404 para la fecha. El texto del decreto no ha sido publicado por ninguna dependencia, de modo que la lista de obligaciones proviene de la cobertura de prensa y no del documento oficial.
El grupo de trabajo del que salió la propuesta se formó después del ataque armado en una secundaria de Torreón, Coahuila. Desarticulista.com no localizó la versión íntegra de lo dicho por Alcalde Luján ni una cita textual verificable contra documento, y la propia fecha de publicación en el Diario Oficial está atribuida a la presidenta, no a un acuerdo administrativo.
Un decreto donde el Congreso ya legisló
La vía elegida es un decreto del Ejecutivo y no una ley. El 30 de septiembre, el Senado de la República aprobó reformas sobre contenidos digitales, y el 7 de octubre la Cámara de Diputados aprobó con 325 votos la reforma al derecho de autor en internet, que también impone deberes de retiro de contenido a los intermediarios. El 6 de octubre, Diputados aprobó la Ley de Economía Digital. Ni el gobierno ni las fuentes consultadas precisaron en qué facultad se funda la imposición de obligaciones a empresas por decreto, ni qué autoridad vigilará su cumplimiento o aplicará sanciones.
El 8 de octubre, el Senado aprobó con 96 votos multas por llamadas comerciales sin permiso, otra medida de regulación de servicios digitales dentro de la misma semana. Las plataformas mencionadas no habían emitido una postura pública al cierre de esta nota.
