Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó prisión preventiva oficiosa a Iván Cazarín Molina, señalado por la Fiscalía General de la República como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. La audiencia inicial se celebró por videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, y así lo reportaron este viernes 9 de octubre Proceso, La Jornada, El Financiero y Milenio.
Cazarín Molina está imputado por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, por delitos contra la salud y por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La fiscalía le atribuye, en investigaciones que no formaron parte de esta imputación, homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. La Jornada reporta que el mando regional que se le atribuye abarcaba Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
Qué pidió la defensa y cuándo sigue
La defensa solicitó la duplicación del término constitucional para ofrecer pruebas, de modo que la audiencia se reanuda el 13 de octubre. Hasta entonces el imputado permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el mismo municipio donde despacha el juzgado. Ninguna de las cuatro versiones periodísticas consigna una cita textual de la defensa ni el nombre del juez o del juzgado que conoce el caso.
La prisión preventiva oficiosa para el delito de delincuencia organizada está prevista en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución y opera de forma automática: el juez no pondera riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso. La duplicación del término, que es lo que solicitó la defensa, está en el mismo artículo 19 y en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y lleva el plazo para resolver sobre la vinculación a proceso de 72 a 144 horas. Eso explica la fecha del 13 de octubre.
La detención y lo que queda abierto
La detención ocurrió en Zapopan, Jalisco, en un operativo en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, según Proceso, que además lo vincula con el derribo de un helicóptero del Ejército en 2015. La Fiscalía General de la República no ha publicado un comunicado sobre la audiencia de este viernes, de modo que el hecho se sostiene en el reporteo de cuatro casas editoriales y no en un documento del emisor.
Queda pendiente el nombre del juzgado y el número de causa penal, si la fiscalía solicitará la acumulación de las carpetas por robo de hidrocarburos y lavado de dinero, y cuál será el sentido de la resolución del 13 de octubre. El 7 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el posible vínculo del detenido con un empresario queda en manos de la fiscalía; ese extremo lo abordó la Secretaría de Hacienda al negar que haya una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y no se tocó en la audiencia. La semana también dejó tres versiones oficiales distintas sobre el saldo de la riña en el penal de Mazatlán.
