La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, revisará cómo respondió la Universidad Cornell a la denuncia de una exalumna que asegura haber sido drogada y violada por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024. Es la tercera instancia que se mueve en una semana: el 28 de septiembre el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que reabre el caso y lo llevará ante un gran jurado, dos años después de que su oficina decidió no presentar cargos, y el 29 la gobernadora Kathy Hochul pidió una revisión independiente de la actuación de la universidad.
El caso volvió a la luz por una demanda civil de 101 páginas presentada a mediados de septiembre por la exestudiante, identificada como Jane Doe. The Cornell Daily Sun fecha la presentación el 14 de septiembre; Al Jazeera, con base en los documentos judiciales, el 16.
Según la demanda, la joven, entonces de 20 años, llegó a la casa de Chi Phi en Ithaca la noche del 19 de octubre de 2024 para visitar a un amigo, ya intoxicada después de beber en su sororidad y en un bar fuera del campus. Ahí, dos miembros de la fraternidad la presionaron para consumir ketamina y mariguana, y siete hombres la violaron a lo largo de unas siete horas, hasta que perdió el conocimiento alrededor de las 5:45 de la mañana. El documento sostiene que en ese estado no tenía forma de consentir.
El expediente incluye capturas de un grupo de Snapchat de los miembros activos de la fraternidad. Cerca de la 1:42 de la madrugada, uno de ellos avisó a los demás, en términos vulgares, que la joven estaba en el piso de arriba y que podían aprovecharse de ella; la demanda sostiene que con ese mensaje se invitó a otros integrantes a sumarse.
Los demandados son más de una docena: los siete exintegrantes de Chi Phi, la universidad, la fraternidad, la sororidad de la joven y el bar, entre otros, por negligencia, incumplimiento de contrato, agresión sexual y violaciones a la ley estatal. La joven pide daños compensatorios y punitivos, sin fijar monto.
Ninguno de los siete ha sido acusado penalmente. El abogado de uno de ellos declaró a CBS News que los mensajes del chat fueron inapropiados pero no prueban una agresión sexual, que su cliente entró brevemente a la habitación sin tocarla y que una prueba de folículo capilar descartó ketamina en su organismo. El defensor de otro dijo que su cliente niega de forma categórica las acusaciones.
La joven denunció ante la policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024. En un comunicado de nueve páginas, Van Houten afirma que en esa declaración inicial ella no dijo haber sido drogada contra su voluntad ni violada por varios hombres, sino que describió el consumo de drogas y la actividad sexual como voluntarios, y que por eso la evidencia no alcanzó el umbral legal para acusar. Sostiene su decisión de entonces, pero reconoce que a las víctimas de agresión sexual les puede tomar años de terapia procesar lo ocurrido, y dijo que una fiscal con experiencia en delitos sexuales y en juicios por agresiones en universidades preparará el caso para el gran jurado.
El abogado de la joven, Thomas Giuffra, dijo a CBS que después de su primer contacto con la policía universitaria nadie de la fiscalía ni ningún investigador capacitado para entrevistar a sobrevivientes la buscó, y que ella dejó la universidad. La demanda también afirmaba que la policía de Ithaca seguía investigando el caso; esa corporación informó el 28 de septiembre que nunca recibió la denuncia.
Cornell asegura que su Oficina de Derechos Civiles y su oficina de conducta estudiantil investigaron durante varios meses y que un panel de profesores y personal impuso sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones. Según la demanda y el abogado de la joven, solo dos fueron expulsados y los otros cinco recibieron suspensiones, talleres y la tarea de escribir ensayos. La universidad respondió que ninguno tuvo el ensayo como única consecuencia y calificó de falsa la versión de que los castigos fueron mínimos, aunque no ha dicho cuántos ni quiénes fueron expulsados, con el argumento de que las leyes federales de privacidad se lo impiden.
El capítulo de Chi Phi en Cornell está suspendido desde el 8 de noviembre de 2024 y sigue vetado del campus. A inicios de 2025 la universidad formó un grupo de trabajo presidencial sobre agresión sexual en el campus, que entregó su informe en marzo de 2026.
Hochul calificó los hechos denunciados de “nada menos que horrorosos”, respaldó la reapertura del caso y pidió que un abogado externo determine si Cornell cumplió con su obligación de proteger a sus estudiantes y buscar justicia. La oficina de James confirmó a CNN su propia revisión; por lo temprano del proceso no está claro qué medidas podría tomar contra la universidad.
El alcalde de Ithaca, Robert Cantelmo, dictó el 28 de septiembre una moratoria inmediata a los permisos para eventos estudiantiles, incluidos los de fraternidades y sororidades, y criticó a Cornell.
La Asamblea Estudiantil condenó el manejo del caso, habló de una falla sistémica de la universidad frente a la violencia sexual y convocó a una audiencia pública para el jueves 1 de octubre, en la que presentará una resolución sobre transparencia y rendición de cuentas. Tras una ola de comentarios críticos en Instagram, la oficina de actividades del campus ordenó al consejo estudiantil de programación dejar de publicar en sus redes.
La encuesta de clima universitario de la Asociación de Universidades Estadounidenses de 2019 registró que 26.4% de las estudiantes de licenciatura había sufrido contacto sexual no consentido, por fuerza física o por estar incapacitada para consentir.
Fuentes
- Al Jazeera, Edna Mohamed, 29 de septiembre de 2026
- The Cornell Daily Sun, Varsha Bhargava, 29 de septiembre de 2026
- The Cornell Daily Sun, Mary Caitlin Cronin, 30 de septiembre de 2026
- CNY Central, 30 de septiembre de 2026
- NBC News, 29 de septiembre de 2026
- Universidad Cornell, comunicado del 21 de septiembre de 2026
- Universidad Cornell, comunicado del 26 de noviembre de 2024
