La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados la noche del 6 de octubre de 2026 y turnada al Senado de la República. El dictamen, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que preside el diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena, consta en la Gaceta Parlamentaria número 7140 de ese día.
El ordenamiento arranca en casetas de peaje y gasolineras, donde los cobros se harán sólo con tarjeta o aplicación móvil. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá 15 días hábiles después de la entrada en vigor para definir qué otros sectores quedan obligados. El efectivo se conserva como medio de pago en contingencias por fallas de sistemas o de infraestructura.
La votación no coincide entre los medios
Las tres casas que cubrieron la sesión con reporteo propio dan cifras distintas del resultado en lo general. La Jornada reportó 327 votos a favor; Proceso y Crónica reportaron 330. Las tres coinciden en 122 votos en contra. La Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, que publica el acta de votación, no estaba accesible al cierre de esta nota, de modo que la cifra exacta no puede establecerse con el documento del emisor. La Gaceta Parlamentaria acredita el dictamen y las mociones suspensivas, no el resultado de la votación.
La Gaceta registra que los diputados del PRI Rubén Ignacio Moreira Valdez y Verónica Martínez García promovieron una moción suspensiva antes de la discusión. Ninguna de las fuentes consultadas reportó votación en lo particular. Es la misma comisión ante la que, días antes, la Comisión de Seguridad Social prorrogó siete dictámenes pendientes.
Las dos lecturas del dictamen
Morena presentó la medida como un instrumento de bancarización y de combate a la evasión fiscal. Los diputados Emilio Suárez Licona, del PRI, Homero Niño de Rivera, del PAN, y Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, sostuvieron que la obligación es inaplicable en zonas sin cobertura de internet y en el comercio informal, y advirtieron riesgos de exclusión, fraude y uso indebido de datos personales. Ninguno de los grupos parlamentarios presentó una estimación numérica de la población que quedaría fuera.
El proyecto otorga al Banco de México facultades sobre transferencias electrónicas. El banco central, cuyo tipo de cambio FIX publica a diario, no se pronunció sobre el dictamen y no fue consultado por ninguna de las casas que cubrieron la sesión.
El mismo día la Cámara aprobó y turnó al Senado la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, dictaminada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo el 5 de octubre que esa ley no aumentará el impuesto predial y que se cobrará a quienes no pagan. El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano la llamaron «predialazo». Ninguna de las partes presentó una proyección del efecto sobre el impuesto.
El dictamen de economía digital pasa ahora al Senado, donde el 6 de octubre seguían las comparecencias por la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
