El Senado de la República aprobó el 29 de septiembre, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que impide que quienes aspiren a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, a las gubernaturas de los estados y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten con doble nacionalidad. El proyecto fue enviado a los congresos de las entidades federativas.
De acuerdo con el comunicado 0161 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, el Pleno aprobó el dictamen en lo general y en lo particular con la misma votación, y los 86 votos corresponden exactamente a la mayoría calificada de dos terceras partes que exige el artículo 135 de la Constitución. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto fue remitido por la Cámara de Diputados.
Las reservas presentadas por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México, y el senador sin grupo parlamentario Manlio Fabio Beltrones Rivera fueron rechazadas por la asamblea, por lo que los artículos reservados se mantuvieron en los términos del proyecto.
Al fijar la postura de Morena, el senador Óscar Cantón Zetina expuso que el dictamen no elimina ningún derecho político ni cancela alguna nacionalidad, y que busca impedir que se consumen “tentaciones, ambiciones y traiciones” contra el pueblo de México, como ocurrió, dijo, en los regímenes de Antonio López de Santa Anna y de Porfirio Díaz.
Por el Partido Verde, María del Rocío Corona Nakamura sostuvo que el proyecto “no criminaliza a los migrantes” y que busca establecer la nacionalidad única para quien aspire a gobernar el país o una entidad federativa, “para que no ande con medias tintas”. Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, afirmó que la reforma defiende la soberanía porque “las presiones del exterior no son una narrativa”, y subrayó que el proyecto no elimina la doble nacionalidad ni desconoce a las familias binacionales.
Laura Esquivel Torres, del PAN, acusó que la modificación envía el mensaje de que “los migrantes son menos mexicanos, no tienen los mismos derechos”, y llamó a “no quitarle el derecho a ser votado al que tuvo que irse”. Por el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas consideró que tener otra nacionalidad no convierte a nadie en enemigo de la patria y que pretender que un documento determina la lealtad “es una ocurrencia peligrosa y una ofensa para nuestros paisanos”; rechazó que se use la Constitución “para crear mexicanos de primera y segunda”.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que la reforma confunde el concepto de ciudadanía con el de nacionalidad y que afecta a personas cuyo único vínculo con otro país es haber nacido en él. A esas personas, dijo, “les estamos diciendo desde la Constitución Política que su nacionalidad de origen las hace sospechosas de deslealtad y que su grado de mexicanidad está en duda”.
La coalición encabezada por Morena llegó a la sesión con 87 votos comprometidos, uno más de los 86 necesarios, según el recuento publicado el 27 de septiembre. Para que la reforma entre en vigor se requiere ahora la aprobación de la mayoría de los congresos estatales y la declaratoria de constitucionalidad.
