La Suprema Corte de Estados Unidos suspendió el 29 de septiembre la orden judicial que frenaba las expulsiones de migrantes a terceros países y admitió el caso a revisión de fondo, con instrucción de que se alegue en el periodo de audiencias de diciembre de 2026. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson habrían negado la suspensión, según el expediente.
La resolución corresponde al expediente 26A406, Department of Homeland Security, et al., Applicants v. D. V. D., et al., registrado el 24 de septiembre. La Corte suspendió la orden y sentencia del 25 de febrero de 2026 del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, dictada por el juez Brian E. Murphy, que declaró ilegal la política y le otorgó efectos de clase. El 18 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, en el expediente 26-1212, había fallado contra el gobierno.
La Corte convirtió además la solicitud de suspensión en petición de revisión y la concedió, con lo que abrió el expediente de fondo 26-426. Ordenó litigar cuatro cuestiones: si el tribunal de distrito tenía jurisdicción sobre las demandas; si tenía facultad para dictar declaratoria con efectos de clase y anulación conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la luz del artículo 1252(f)(1) del título 8 del Código de Estados Unidos; si la guía del gobierno sobre expulsiones a terceros países viola el artículo 1231(b) de ese título, la cláusula del debido proceso, o la ley FARRA y los reglamentos de la Convención contra la Tortura; y “tales otras cuestiones que el Gobierno determine apropiadas para la debida resolución del caso”.
El expediente instruye al Secretario de la Corte “establecer un calendario de alegatos que permita que el caso sea argumentado en el periodo de audiencias de diciembre de 2026”. El calendario de audiencias de diciembre que la propia Corte había publicado antes no incluía este expediente: listaba los casos 25-183, 25-842, 25-840, 25-246, 25-1017, 25-238, 25-566 y 25-965.
El expediente consigna que las juezas Sotomayor, Kagan y Jackson “negarían la solicitud de suspensión”. La orden no está firmada y no publica un conteo de votos, y hasta el cierre de esta nota no se había publicado una opinión disidente por escrito.
Por el gobierno litiga el procurador general D. John Sauer. Por los demandantes, Trina A. Realmuto, de la National Immigration Litigation Alliance, y Matthew Hyrum Adams, del Northwest Immigrant Rights Project. El 28 de septiembre presentaron escritos de amigo de la corte a favor del gobierno las organizaciones America’s Future y la Federation for American Immigration Reform.
La política permite deportar a personas a países distintos del suyo de origen. Los países involucrados en el litigio incluyen Sudán del Sur, y en el fallo de febrero también Costa Rica, Guatemala y Esuatini. Al Jazeera reportó que más de 25 mil personas estarían sujetas a expulsión a terceros países y que entre los destinos figuran Burundi, Cuba, Myanmar, Vietnam y Liberia; esas dos precisiones las sostiene sólo ese medio.
En su fallo de febrero, el juez Murphy escribió que nadie en el país puede ser “privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal” y que “la simple realidad es que nadie conoce el fondo de la demanda de ningún integrante individual de la clase”. En junio de 2025 la Suprema Corte ya había levantado una orden previa del mismo juez, en el expediente 24A1153, y ocho hombres fueron enviados a Sudán del Sur.
