El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, entre ellas a Carlos Alberto Torres Torres, a quien identifica como “el exesposo de la gobernadora de Baja California”, y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
El comunicado SB0636 de esa dependencia invoca la Orden Ejecutiva 14059, sobre tráfico ilícito de drogas, y la Orden Ejecutiva 13224 reformada por la 13886, sobre terroristas y quienes los apoyan. En la Lista de Nacionales Especialmente Designados las 46 designaciones aparecen con los códigos ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT, la etiqueta de Terrorista Global Especialmente Designado. El Tesoro sostiene que desde principios de 2025 ha designado a más de 400 personas y entidades por vínculos con cárteles.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó medidas cautelares de bloqueo financiero a las 46 personas y empresas, en una acción que Hacienda describió como preventiva, de acuerdo con el reporte de Dora Villanueva y Juan Pablo Guerra publicado en La Jornada.
Sobre Torres Torres, el Tesoro afirma que es “un operador político vinculado al cártel” aliado de José Ángel Rivera Zazueta, “El Ruso”, y que “usa su influencia política para facilitar actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California”. El Departamento de Estado le revocó la visa en mayo de 2025. De su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, afirma que “fue responsable de recibir esos sobornos y lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su administración no respondieron a la solicitud de comentario de La Jornada.
De Mendívil García, el comunicado sostiene que “recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de sicariato del cártel”. También fue designado Rafael Buenrostro Martín, descrito como agente aduanal en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California.
El Tesoro identifica como cabeza de la red a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, nacido en Anaheim, California, en 1982, y afirma que en 2001 cambió legalmente su nombre a Fernando Sicairos Aispuro. Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó en julio de 2014. Según el comunicado, el arresto en julio de 2024 de su padre, Ismael Zambada García, “desató una lucha de poder interna en el cártel”. En la plaza de Tijuana fueron designados los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes el Tesoro atribuye el control de esa plaza durante el último decenio y medio.
Entre las 25 empresas designadas hay dos casas de cambio, Galerías Centro Cambiario y Mía Centro Cambiario; dos productoras de espectáculos; dos firmas de publicidad; dos de inversión, Private Equity Baja y Private Equity Bursátil; una gasolinera y una empresa de videovigilancia.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “la acción de hoy subraya que ningún capo de cártel, ningún funcionario mexicano corrupto y ningún facilitador financiero está fuera del alcance de las facultades del Tesoro”. Las designaciones bloquean los bienes de los señalados en Estados Unidos, prohíben a personas estadounidenses transaccionar con ellos y exponen a sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que operen para ellos. El Tesoro señala que el fin declarado es el cambio de conducta y que los designados pueden solicitar su remoción.
