Las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el miércoles 23 de septiembre el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con una redacción distinta de la original: la pena por usar indebidamente la identidad gráfica del gobierno bajó de tres a siete años de prisión a uno a cinco años, y la multa pasó de más de un millón de pesos a un rango de 1,000 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización. Así lo reportaron La Jornada y Proceso.
La votación fue de 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, según La Jornada. El cambio de redacción lo propuso Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, coincidieron La Jornada y Proceso.
El artículo 403 bis que adiciona el dictamen limita el delito al uso «a escala comercial» de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales para engañar o inducir al error sobre el origen oficial de documentos, plataformas, servicios o sistemas, detalló Proceso. La Jornada informó que el propósito declarado es perseguir portales fraudulentos que piden depósitos de dinero haciéndose pasar por dependencias de gobierno.
Corral dijo que la iniciativa «fue magnificada y se intentó descalificarla» mediante una interpretación sesgada, según Proceso. Sobre el requisito de intención, explicó a El Universal que esa inducción al engaño o al error debe tener «como propósito la comisión del delito».
La oposición votó en contra. Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, llamó a la reforma «disfrazada censura», y Guadalupe Munguía, del PAN, la consideró excesiva, de acuerdo con Proceso. Pablo Angulo, del PRI, sostuvo ante El Universal que el lenguaje aprobado no protege la expresión periodística, humorística ni satírica.
La figura penal se inserta en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, vigente desde noviembre de 2020, cuando sustituyó a la Ley de la Propiedad Industrial. La Unidad de Medida y Actualización es el referente que reemplazó al salario mínimo para el cálculo de multas desde la reforma constitucional de enero de 2016, y su valor diario lo determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El reproche de la oposición se ancla en los artículos 6 y 7 de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y prohíben la censura previa.
El dictamen es distinto de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que la Cámara de Diputados aplazó el mismo día. Son dos leyes separadas y dos trámites separados.
El dictamen recibió primera lectura y el pleno del Senado lo discutirá y votará la próxima semana, informaron La Jornada y Proceso. Si se aprueba sin cambios, pasa a la Cámara de Diputados como cámara revisora, conforme al artículo 72 de la Constitución. El texto literal del artículo 403 bis aprobado no estaba publicado en la Gaceta del Senado al cierre de esta nota, y tampoco la lista nominal de los ocho votos en contra y las dos abstenciones.
