La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a ser mexicanos por nacimiento y a no tener ninguna otra nacionalidad. El dictamen se avaló en lo general y en lo particular y fue turnado al Senado.
Las cifras de la votación difieren según la etapa de la sesión y el medio que las registró. Proceso reportó que la reforma se aprobó en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. El Universal consignó, tras la discusión en lo particular, una votación de 334 a favor, 109 en contra y una abstención. El registro de votación nominal de la Cámara no estaba disponible al cierre de esta nota, de modo que la discrepancia entre ambas cifras queda sin resolver por la fuente oficial.
Los dos medios coinciden en que se presentaron 226 reservas por parte de 65 oradores y que ninguna fue aprobada. Morena y sus aliados votaron a favor; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra.
La iniciativa la presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 27 de agosto de 2026. Su exposición de motivos plantea, según El Universal, que la medida busca asegurar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan, antes y durante su encargo, un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.
El texto aprobado prohíbe además adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo e invocar nacionalidad extranjera ante autoridades de otro país. La reforma aplicaría a partir del proceso electoral de 2028 y, de acuerdo con la cláusula que citó El Universal, no será aplicable a quienes se encuentren en ejercicio de la Presidencia de la República, de una gubernatura o de la Jefatura de Gobierno.
El diputado del PAN Germán Martínez Cázares sostuvo en tribuna, según Proceso, que la única soberanía defendible es la democrática, protegida por instituciones sólidas y Estado de derecho. El priista César Alejandro Domínguez Domínguez afirmó que no existen casos concretos que prueben que la doble nacionalidad genere deslealtad, calificó la medida de retroceso en derechos humanos y dijo que estigmatiza a 43 millones de mexicanos en el exterior con un segundo pasaporte, cifra que atribuyó a su propia intervención y que no corresponde a un registro oficial.
La Constitución vigente exige en su artículo 82 que el Presidente sea mexicano por nacimiento e hijo de padre o madre mexicanos, sin prohibir de manera expresa una segunda nacionalidad. Los requisitos para gobernadores están en el artículo 116.
Por tratarse de una reforma constitucional, el artículo 135 exige mayoría de dos terceras partes en las dos cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales antes de la declaratoria de constitucionalidad. Proceso informó que el Senado la discutirá la próxima semana, sin fecha definida. Falta también la publicación del registro nominal de la Cámara y una definición del Instituto Nacional Electoral sobre cómo acreditaría el requisito en 2028.
