El juez federal Paul A. Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó el 30 de septiembre al gobierno de Estados Unidos entregarle en revisión reservada el memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, fechado en septiembre de 2025, que sirve de base legal a los ataques letales contra embarcaciones señaladas de transportar droga. El plazo es de dos semanas.
Engelmayer desestimó dos de los argumentos con que el gobierno se oponía a la entrega: el privilegio de proceso deliberativo y el secreto abogado-cliente. El juez señaló que funcionarios del propio gobierno habían invocado públicamente ese memorando como justificación de los ataques. Consideró en cambio posiblemente válido el privilegio de comunicaciones presidenciales, y ordenó al gobierno identificar a todas las personas que tuvieron acceso al documento.
La orden se dictó en el litigio que la Unión Americana de Libertades Civiles y el Center for Constitutional Rights promovieron en diciembre de 2025 contra los departamentos de Defensa y de Justicia, al amparo de la Ley de Libertad de Información. El número de expediente no pudo verificarse en el registro judicial para esta nota.
Desde el otoño de 2025, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 70 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 200 muertos, de acuerdo con las cifras que consignan Courthouse News Service y La Jornada. El Pentágono no ha presentado públicamente pruebas que vinculen a las embarcaciones alcanzadas con el narcotráfico.
El senador demócrata Adam Schiff describió el alcance del memorando como "lo bastante amplio para autorizar casi cualquier cosa", en una valoración recogida por Courthouse News Service.
La Oficina de Asesoría Jurídica es el área del Departamento de Justicia que emite opiniones vinculantes para el Poder Ejecutivo sobre la legalidad de las acciones de gobierno. Sus memorandos no se publican de manera automática y en el pasado han permanecido reservados durante años; el que autorizó el uso de técnicas de interrogatorio tras 2001 se conoció por la vía judicial.
La revisión reservada que ordenó Engelmayer significa que el juez leerá el documento sin que se haga público. A partir de esa lectura resolverá qué partes, si alguna, deben entregarse a los demandantes.
El Universal reportó la orden con el plazo de 14 días. La Jornada publicó la resolución en su edición del 1 de octubre.
Los ataques han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por legisladores de ambos partidos, que han pedido al Congreso abrir una investigación sobre la base legal de las operaciones y sobre la identidad de las personas muertas.
