La policía de Bolivia detuvo el 1 de octubre de 2026 al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y a 13 personas más, en un operativo con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Entre los detenidos hay cuatro fiscales y seis empleados del ministerio público. Las acusaciones son organización criminal, lavado de dinero y narcotráfico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos había revocado el 30 de septiembre las visas de Mariaca y de once bolivianos más, entre ellos jueces, policías y exfuncionarios. En su comunicado, la dependencia dijo que la medida busca «defender la gobernanza democrática» frente a la corrupción y el narcotráfico. Esta redacción no pudo abrir el documento original: el dominio del Departamento de Estado está bloqueado para sus herramientas de consulta, y la revocación se cita a través del cable de Associated Press.
Qué dice el gobierno boliviano
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo en conferencia de prensa en La Paz el 1 de octubre que «se desmontó una organización criminal enquistada en la justicia» y que la red estaba «destinada a proteger y alentar el narcoterrorismo».
Sobre el dinero incautado en una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca hay dos cifras. Associated Press, reproducida por Proceso, reporta 294 mil dólares más otros 10 mil dólares. La Jornada consigna «alrededor de 300 mil dólares» en moneda local y estadunidense. Las dos salen del mismo operativo y la segunda parece un redondeo de la primera, pero ninguna autoridad ha publicado el acta de incautación.
El vínculo con el caso Cerimedo
Mariaca coordinaba las investigaciones contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, procesado en Bolivia por tentativa de feminicidio y lavado de dinero. Esa es la relación que coloca la detención en el centro de una disputa política interna, y es el punto que recoge la versión contraria: el expresidente Evo Morales calificó el operativo de intervención estadunidense, según los cables de Agence France-Presse, Associated Press y Reuters que reunió La Jornada.
El reporteo propio del hecho corresponde a The Washington Post y a Associated Press. Proceso, El Universal y Aristegui Noticias publicaron cables, y la nota de La Jornada lleva pie de créditos de tres agencias, de modo que el número de medios que cubrieron el caso no equivale al número de casas que lo reportearon.
Lo que falta por resolver
No hay documento público del Ministerio de Gobierno de Bolivia con la relación de detenidos ni con los delitos imputados a cada uno, ni se ha informado de audiencia de medidas cautelares. Tampoco se ha publicado quién asume la Fiscalía General mientras el titular está detenido. Otras coberturas de la región están en la sección de internacional, y el uso de la cooperación antidrogas estadunidense como palanca política aparece también en el seguimiento de los expedientes abiertos esta semana y en las sanciones del Tesoro contra el Cártel de Sinaloa.
