El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo por seis votos contra dos el recurso que definirá si las pruebas bancarias entregadas por Suiza pueden usarse en el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, en la causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita ligada a los sobornos de Odebrecht.
El asunto es el toca 566/2024, que se tramitaba en el Primer Tribunal Colegiado en materia de Apelación de la Ciudad de México y que la Corte decidió resolver directamente. Votaron en contra de la atracción los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía; la ministra Loretta Ortiz estuvo ausente, de acuerdo con Proceso.
El expediente se originó en 2024, cuando un juez de control excluyó del proceso los estados financieros y documentos bancarios que la Confederación Suiza remitió a México a través del tratado bilateral de asistencia jurídica internacional en materia penal. El juzgador sostuvo que la Fiscalía General de la República debió obtener una autorización judicial en México antes de que las autoridades suizas entregaran esa información financiera.
La Unidad para la Atención de Asuntos Jurídicos Especializados de la FGR solicitó a la Corte que ejerciera su facultad de atracción a principios de agosto de 2026, según La Jornada. La Fiscalía argumenta que los documentos llegaron por la vía del tratado y que cumplir con las formalidades de ese instrumento basta para incorporarlos al proceso, sin que se requiera un control judicial adicional en territorio mexicano.
La decisión que tome el Pleno fijará un criterio que excede el caso: si la prueba obtenida mediante cooperación internacional debe pasar por autorización de un juez mexicano antes de ser recabada en el extranjero, o si el procedimiento previsto en el tratado la hace admisible por sí mismo. El fallo aplicaría a otras investigaciones de la FGR que descansan en información bancaria remitida por autoridades extranjeras.
La defensa de Lozoya ha sostenido en litigios previos que las pruebas fueron recabadas sin control judicial y que por eso deben quedar fuera del proceso. La Suprema Corte dejó firme en marzo de 2026 una primera sentencia contra el exfuncionario por acusaciones vinculadas al caso Odebrecht. Ni la defensa de Lozoya ni la FGR han difundido posicionamientos posteriores a la votación del Pleno.
Lozoya fue director general de Pemex entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese año. La FGR lo acusa de haber recibido recursos de la constructora brasileña Odebrecht y de haber participado en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados. En diciembre de 2016, Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos en doce países, entre ellos México, donde reconoció haber entregado 10.5 millones de dólares a funcionarios para obtener contratos.
El tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal entre México y Suiza permite a las fiscalías de ambos países solicitarse información bancaria, testimonios y documentos sin pasar por la vía diplomática ordinaria. La discusión que abrió la Corte se centra en qué requisitos internos debe cumplir la autoridad mexicana antes de formular esa solicitud.
La Suprema Corte no ha fijado fecha para discutir el fondo del recurso ni ha designado públicamente ponente.
