La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó 83 mil 800 millones de pesos ahorrados o recuperados en los primeros dos años del gobierno federal, según el informe que su titular, Raquel Buenrostro, presentó la mañana de este martes en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
El desglose que expuso Buenrostro atribuye 29 mil millones de pesos a cambios en las estrategias de compras públicas, 42 mil millones al seguimiento de contratos y de obra pública, 7 mil 800 millones a la reorganización de estructuras administrativas y 4 mil 800 millones a multas y sanciones impuestas a servidores públicos y a proveedores del gobierno, de acuerdo con La Crónica de Hoy.
Sheinbaum anunció en la misma conferencia que enviará al Congreso una iniciativa en materia anticorrupción en “unos quince días más o menos”. Describió su contenido como “esencialmente administrativo, lo que tiene que ver con sanciones administrativas” y precisó que “no trae nada relacionado con la Fiscalía”. La presidenta sostuvo que el objetivo es acortar los tiempos de resolución, porque actualmente “hay casos que tardan 15, 20 años en resolverse”, y sumar el resarcimiento del daño al erario, según El Universal.
Buenrostro agregó que la propuesta busca cerrar vacíos legales en organismos como el Infonavit, para “que no haya vacíos legales para que siempre haya una autoridad competente”.
En el informe, la dependencia sancionó a 286 personas morales. De ellas, 222 fueron inhabilitadas y multadas, y 64 recibieron únicamente multa. Las sanciones económicas a empresas suman 147.3 millones de pesos. En responsabilidades administrativas, la Secretaría informó que sancionó a 4 mil 193 servidores públicos entre octubre de 2024 y junio de 2026: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves. Buenrostro señaló que su dependencia no resuelve directamente las faltas graves y que por esa razón remitió mil 737 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el órgano facultado para imponer esas sanciones.
La funcionaria añadió que en 2026 el cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales en tiempo y forma llegó a 97.7 por ciento de los servidores públicos obligados, y que en dos años se impartieron 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad. En transparencia, el área que asumió las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia resolvió 8 mil 222 recursos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sustituyó a la Secretaría de la Función Pública por la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada a finales de 2024, y absorbió las atribuciones del Inai tras su extinción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas separa las faltas no graves, que resuelven los órganos internos de control, de las graves, que corresponden al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El gobierno federal no ha difundido el texto de la iniciativa anticorrupción, la fecha exacta de su envío al Congreso ni la lista de dependencias en las que se ubicaron los vacíos legales señalados por Buenrostro.
