La diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reforma el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autodeterminación y soberanía energética. El asunto quedó publicado en la Gaceta Parlamentaria del martes 22 de septiembre, número 7130, y fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Los dos párrafos que la iniciativa toca son los que fijan el régimen de propiedad y de reserva estatal sobre los recursos energéticos. El párrafo sexto del artículo 27 establece que corresponde a la Nación el dominio directo e inalienable sobre los hidrocarburos y que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y la distribución de energía eléctrica, son áreas a cargo del Estado. El párrafo cuarto del artículo 28 enumera las actividades que no constituyen monopolio, entre ellas las que el propio texto reserva de manera exclusiva al Estado en materia energética.
Ambos párrafos fueron modificados en la reforma constitucional en materia energética publicada a finales de 2024, que revirtió parte del esquema abierto a la participación privada instaurado en 2013 y devolvió a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos el carácter de empresas públicas del Estado. Las leyes secundarias derivadas de esa reforma se aprobaron durante 2025 e incluyen la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad.
La iniciativa de Rosales Cruz vuelve sobre ese mismo bloque de disposiciones. Por tratarse de una reforma al texto constitucional, su trámite es distinto al de una ley ordinaria: el artículo 135 de la Constitución exige el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en cada cámara del Congreso de la Unión y, además, la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. La declaratoria de constitucionalidad corresponde al Congreso o a la Comisión Permanente.
La Comisión de Puntos Constitucionales concentra el dictamen de todas las reformas a la Carta Magna presentadas en la Cámara de Diputados. El Reglamento de la Cámara le concede 45 días hábiles desde el turno para resolver, plazo prorrogable por acuerdo de la Mesa Directiva.
La misma comisión participa esta semana en un conversatorio sobre eutanasia convocado junto con la Comisión de Salud para el miércoles 23 de septiembre, según la invitación publicada en la Gaceta. En su listado de asuntos, la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos tiene programado el martes 29 de septiembre emitir opinión sobre cinco iniciativas de reforma constitucional, de acuerdo con la convocatoria a su decimosexta reunión ordinaria.
La Gaceta del 22 de septiembre registró además otras diez iniciativas turnadas a comisiones, entre ellas una que expide la Ley Federal de Seguridad Carretera, presentada por el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Partido Acción Nacional, y remitida a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La iniciativa de Rosales Cruz no tiene fecha de dictamen programada.
