La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió este lunes 7 de septiembre que la remoción a gran escala de escombros en la Franja de Gaza puede eliminar pruebas materiales de crímenes internacionales. “Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal”, declaró, según El Universal.
De acuerdo con Al Jazeera, la relatora sostuvo que los Estados y las empresas que participen en esas labores podrían incurrir en responsabilidad penal internacional, y afirmó que resulta inaceptable que la reconstrucción de Gaza se condicione al borrado de su pasado. Albanese señaló que las operaciones se han concentrado en zonas bajo control israelí y que en agosto se mezclaron y trasladaron millones de toneladas de material, incluidos cementerios y sitios donde se han localizado restos humanos.
El Universal reportó que la relatora cifró en 92% las viviendas destruidas o dañadas en la Franja y que más de 10 mil personas seguirían bajo los escombros. Al Jazeera consignó estimaciones palestinas de más de 8 mil personas sepultadas. Ese medio citó también un funeral reciente por cien cuerpos recuperados de edificios derrumbados, sesenta de ellos de menores de edad; El Universal reportó la recuperación de 112 cadáveres en una operación de búsqueda del 4 de agosto de 2026.
Entre las empresas cuya maquinaria pesada opera en las zonas de demolición bajo control israelí, El Universal mencionó a Caterpillar, HD Hyundai, Doosan y Volvo. Ninguna de ellas ha respondido públicamente al señalamiento.
Albanese planteó que la recuperación de restos humanos debe hacerse de forma digna y con documentación sistemática antes de cualquier retiro de escombros.
El pronunciamiento se apoya en las medidas provisionales que la Corte Internacional de Justicia dictó contra Israel en 2024, dentro del caso presentado por Sudáfrica bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que incluyen la obligación de preservar las pruebas relacionadas con las acusaciones. Esas medidas son vinculantes, aunque la Corte no dispone de un mecanismo propio para hacerlas cumplir.
Las labores de remoción han continuado después del alto el fuego acordado en octubre de 2025, según Al Jazeera. El gobierno de Israel no ha respondido al señalamiento de la relatora, de acuerdo con los dos medios consultados.
Las relatorías especiales son mandatos independientes del Consejo de Derechos Humanos: sus titulares no son funcionarios de la ONU, no reciben salario del organismo y sus informes no obligan a los Estados. Albanese ocupa el cargo desde 2022 y fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en julio de 2025.
