El Pleno del Senado discutirá y votará el martes 29 de septiembre la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana sin otra nacionalidad para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el calendario que reportó Expansión.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen el 24 de septiembre con 23 votos a favor, de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y nueve en contra, de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. La sesión duró poco más de hora y media, según La Jornada.
Las fuentes consultadas no coinciden en qué artículos constitucionales modifica la minuta. La Jornada reporta que afecta los artículos 86, 116 y 122; Expansión consigna que reforma los artículos 82, 116 y 122. El texto del dictamen no pudo consultarse en el portal del Senado, que no respondió a las solicitudes durante la elaboración de esta nota.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, defendió el dictamen: “No es una prohibición general ni una restricción de derechos políticos, sino un requisito de elegibilidad”. El senador de Morena Saúl Monreal sostuvo que “cuando uno aspira a la primera magistratura de su Estado, o del país, debe tener lealtad a su pueblo”. Su compañero de bancada Emmanuel Reyes Carmona afirmó que “nuestros paisanos podrán conservar su doble nacionalidad, su patrimonio, su derecho al voto”.
Ricardo Anaya, del PAN, calificó la reforma como “un embate inaceptable en contra de la comunidad migrante”, y Marko Cortés, de la misma bancada, anunció que “no acompañaremos esta reforma por justicia con los migrantes”. El priista Luis Donaldo Colosio objetó la velocidad del trámite: “Esta iniciativa fue aprobada apenas el día de ayer en la noche en la Cámara de Diputados y hoy la tenemos dictaminada”.
La minuta llegó al Senado desde la Cámara de Diputados, que la aprobó el 23 de septiembre y la turnó a la colegisladora.
Por tratarse de una reforma a la Constitución, el trámite se rige por el artículo 135. El texto requiere el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en cada cámara y, después, la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente hacen el cómputo de los votos de las legislaturas y emiten la declaratoria de que la reforma forma parte de la Constitución.
Si el Pleno del Senado aprueba el dictamen sin cambios el 29 de septiembre, el paso siguiente es el envío a los congresos locales. Si aprueba modificaciones, la minuta regresa a la Cámara de Diputados.
