Un juez concedió prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel, procesado por huachicol fiscal

septiembre 25, 2026
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Foto de archivo: Presidencia de la República / Wikimedia Commons, dominio público.
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Foto de archivo: Presidencia de la República / Wikimedia Commons, dominio público.

Un juez concedió prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien seguirá desde su domicilio el proceso penal que se le sigue por huachicol fiscal. Ruffo estaba en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. La resolución se dictó el 25 de septiembre y la reportaron El Financiero y Proceso.

El cambio de medida cautelar llegó dos días después de que se suspendiera la resolución que le negaba el arresto domiciliario. El 23 de septiembre la Fiscalía General de la República aclaró que el exgobernador no contaba todavía con ese beneficio y que continuaba en prisión preventiva. La audiencia en la que el juez revisó la medida se resolvió el 25.

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Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995 por el Partido Acción Nacional y fue el primer opositor que llegó a una gubernatura en México después de seis décadas de gobiernos del PRI y sus antecesores. Más tarde fue senador de la República.

Su hija, Verónica Ruffo, había pedido públicamente que se le concediera la prisión domiciliaria. Ni la defensa ni la FGR han informado cuáles fueron los argumentos que aceptó el juez ni qué condiciones acompañan la medida, como el uso de brazalete electrónico o la fijación de una garantía.

La prisión domiciliaria es una medida cautelar y no resuelve el fondo del proceso: sustituye el lugar donde el imputado espera el juicio, no suspende la investigación ni las audiencias, y el juez puede revisarla a petición de cualquiera de las partes. El Código Nacional de Procedimientos Penales la prevé entre las medidas que el juez puede imponer para asegurar la comparecencia del imputado.

El término huachicol fiscal designa el contrabando de hidrocarburos y la defraudación fiscal asociada a su introducción al país. Las investigaciones abiertas por ese esquema alcanzaron esta semana a otros servidores públicos: la FGR separó del cargo a su delegado en Guanajuato después del aseguramiento de 59 millones de litros de combustible, según informó la propia dependencia.

La FGR no ha informado si impugnará la decisión del juez. Tampoco se ha confirmado si Ruffo salió físicamente del Altiplano durante el 25 de septiembre ni cuál es la siguiente fecha procesal del caso.

Fuentes

Redacción Desarticulista

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