La Coparmex pidió al INE restablecer los controles que eliminó sobre observadores electorales y boletas sin dobleces

septiembre 21, 2026
Sede central del Instituto Nacional Electoral
Sede central del Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México. Foto: ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Instituto Nacional Electoral restablecer los mecanismos de verificación que eliminó en dos decisiones recientes sobre el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027: la revisión de quiénes pueden ser observadores electorales y los criterios para revisar las llamadas boletas planchadas.

En un comunicado del 20 de septiembre, la organización sostuvo que las dos medidas “reducen herramientas para verificar el cumplimiento de las reglas y detectar oportunamente situaciones que pueden generar dudas”. Su presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que “las garantías de una elección descansan en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad”, según El Universal y La Crónica de Hoy.

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La propia Coparmex define las boletas planchadas como “aquellas que aparecen completamente lisas dentro de las urnas pese a que, por las dimensiones de la boleta y de la ranura, deben doblarse”. La ausencia de dobleces es el indicio material de que una boleta no fue depositada por un votante, sino introducida por otra vía, lo que en el lenguaje electoral mexicano se conoce como urna embarazada.

Sobre los observadores, el comunicado precisa qué cambió: “se mantiene la prohibición para que servidores públicos que operan programas sociales del Gobierno federal participen como observadores electorales, pero se elimina el mecanismo para verificar quiénes podrían encontrarse en esa condición”. El Consejo General eliminó el cruce de bases de datos que permitía comprobar si un aspirante trabajaba en la Secretaría de Bienestar y lo sustituyó por una declaración bajo protesta. El acuerdo es el INE/CG548/2026, según El Universal.

La propuesta la presentó la consejera Frida Gómez Puga, designada a propuesta de Morena, y cuatro consejeros votaron en contra invocando una sentencia del Tribunal Electoral de 2022, según Proceso. “Se relajó la verificación y compulsa que antes se realizaba”, dijo la consejera Carla Humphrey a El Universal. La misma flexibilización se aplicó a los capacitadores asistentes electorales.

La tesis de la Coparmex es que “la certeza no se construye eliminando controles, sino fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir, detectar y atender oportunamente irregularidades”.

El acuerdo sobre observadores está impugnado. El magistrado Felipe Fuentes Barrera, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó un proyecto de resolución que propone revocar el considerando 48 del acuerdo y ordenar al instituto que “restablezca un mecanismo de verificación para detectar a servidores de la nación y operadores de programas sociales”. El proyecto desecha por falta de interés jurídico los planteamientos de dos asociaciones civiles y se discute en sesión pública de la Sala Superior el miércoles 23 de septiembre.

El instituto no ha respondido al planteamiento de la Coparmex. En su portal de comunicación, lo publicado el 21 de septiembre es un boletín sobre mecanismos de seguimiento para la organización del proceso electoral federal, que no aborda los dos cambios. El Consejo General tampoco ha difundido el número de acuerdo ni la fecha de sesión de la decisión sobre boletas planchadas.

El instituto llega a esa discusión con la secretaría ejecutiva vacante, tras la renuncia de Claudia Arlett Espino, y el Tribunal Electoral opera con dos vacantes pendientes de designación en el Senado.

Los observadores electorales son ciudadanos acreditados por el instituto para presenciar el desarrollo de la jornada y de los actos previos y posteriores, con derecho a estar en las casillas y en los cómputos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales les prohíbe sustituir a los funcionarios de mesa directiva, hacer proselitismo y, en el caso de los servidores públicos que operan programas sociales, ser acreditados, por el riesgo de que su presencia en la casilla se lea como presión sobre los beneficiarios de esos programas.

Fuentes

Redacción Desarticulista

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