El Departamento de Justicia condicionó fondos federales de asistencia social a que los estados reporten a personas indocumentadas

septiembre 4, 2026
Foto de archivo: sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Washington.
Foto de archivo: sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Washington.

La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió el 1 de septiembre una opinión legal que obliga a los estados a entregar al gobierno federal los datos de las personas sin estatus migratorio legal que identifiquen sus agencias, bajo riesgo de perder fondos federales de asistencia social. La opinión se difundió el 2 de septiembre.

Los programas alcanzados son la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Infobae cifra los montos anuales en más de 16 mil 400 millones de dólares para el primero y más de 60 mil millones para el segundo, más de 76 mil 400 millones en conjunto. Esas cifras las publica un solo medio.

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CNN en español reporta que el esquema alcanza además al programa de cupones de alimentos (SNAP) y a programas federales de vivienda. Infobae limita el dictamen a TANF y SSI. Es una diferencia de alcance que las fuentes no resuelven.

La base legal invocada es la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, y la opinión revierte de forma expresa la interpretación que el propio Departamento de Justicia sostenía desde 1998.

El fiscal general adjunto al frente de la Oficina de Asesoría Jurídica, T. Elliot Gaiser, declaró: “El Congreso escribió este requisito claramente. Cuando un estado elige participar en TANF, acepta la obligación de informar”. El subsecretario adjunto de Justicia Joshua Craddock, señalado por Infobae como autor de la opinión, escribió: “Nos vemos obligados a concluir que nuestra opinión anterior erró en su análisis y resultado”. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó en la vertiente de SNAP que “los dólares de los contribuyentes destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deberían fomentar perversamente la entrada ilegal”.

La opinión rige de manera prospectiva, no contempla sanciones retroactivas y no fija un plazo explícito de cumplimiento para los estados.

Una coalición de estados gobernados por demócratas ya demandó y obtuvo una orden judicial preliminar contra requisitos similares del Departamento de Agricultura respecto a los cupones de alimentos. Ese litigio corresponde al caso previo, no a esta opinión.

Ninguna de las fuentes consultadas desglosa por nacionalidad el universo de personas afectadas, ni estima cuántas familias mexicanas quedarían alcanzadas. No hay pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la red consular mexicana.

Fuentes

El Desarticulista

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El Desarticulista escribe sobre trabajo, poder, sindicalismo, cultura política y disputas democráticas desde México. Sus textos combinan análisis de coyuntura, crítica social y lectura política de los relatos que moldean la vida pública.

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