La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos abrió una consulta pública sobre el fraude en el streaming musical, mediante un aviso publicado el 7 de octubre de 2026 en el Federal Register. El documento lleva el número 2026-20537, corresponde al expediente 2026-6 y se cita como 91 FR 64188. Lo firmó el 5 de octubre Emily L. Chapuis, directora jurídica y registradora asociada de derechos de autor.
El plazo para comentarios iniciales vence el 23 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas del Este, y el de réplica el 21 de diciembre de 2026. La consulta se abrió a petición del Congreso: el representante Scott Fitzgerald, del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pidió examinar la frecuencia del fraude en las plataformas digitales y cómo puede estar afectando a la industria musical.
Qué pide la Oficina de Derechos de Autor
El aviso consigna el tamaño del mercado que se quiere medir. En Estados Unidos, el ingreso por transmisión de grabaciones sonoras asciende a 9 mil 500 millones de dólares, y a 22 mil millones en el mundo. La edición musical reporta 7 mil 300 millones de dólares en el país y 10 mil millones a escala global. La oficina calcula que el streaming representa alrededor del 70 por ciento de las ventas mundiales. El documento no precisa la fecha de corte de esas cifras ni el organismo que las levantó.
El aviso también recoge una estimación anual del impacto económico del fraude atribuida a una fuente que no identifica. Esa cifra no se reproduce aquí por carecer de emisor y de metodología.
El caso de Carolina del Norte y la música generada con IA
El propio aviso describe un caso judicial de Carolina del Norte en el que el acusado cobró de forma fraudulenta cerca de 10 millones de dólares en regalías y se declaró culpable en marzo de 2026. Según el documento, el esquema requería acceso a un volumen grande de canciones y recurrió a música generada con inteligencia artificial para obtenerlo.
La solicitud del legislador consigna que no hay nada intrínsecamente incorrecto en usar inteligencia artificial como herramienta creativa ni en el crecimiento de la música generada con esos sistemas, y advierte que la tecnología puede servir de «catalizador para criminales». La calificación es de Fitzgerald, no de la oficina ni de una resolución judicial.
Ninguna plataforma de transmisión, disquera, sociedad de gestión o sindicato de músicos se ha pronunciado sobre la consulta: el plazo de comentarios acaba de abrirse y el expediente no registra participaciones. La oficina tampoco anticipó si el resultado derivará en una recomendación legislativa.
Es la segunda decisión del gobierno estadounidense en dos semanas que fija por escrito cómo trata la inteligencia artificial, después de que una orden ejecutiva mandó sustituir el término que usa el gobierno federal y de que el anuncio de una Fuerza de Superinteligencia no apareciera en el texto de esa orden. El archivo del tema está en la etiqueta de inteligencia artificial de este sitio.
