El pleno del Senado de la República aprobó el 30 de septiembre, por 72 votos a favor y 34 en contra, reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal que castigan con hasta cinco años de prisión el uso con fines comerciales de la identidad gráfica de instituciones oficiales. El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados.
La reforma incorpora un artículo 403 Bis al Código Penal Federal. El tipo penal exige dos condiciones para configurarse: que el uso ocurra a escala comercial y que exista ánimo de engañar sobre el origen oficial del material. Además de la pena privativa de la libertad, el texto fija una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalente a un rango de 117 mil 310 a un millón 173 mil 100 pesos, de acuerdo con el cálculo publicado por La Crónica de Hoy.
La votación dividió al pleno por bloques. Morena y sus aliados sostuvieron el dictamen; el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y un senador del Partido Verde Ecologista de México votaron en contra, según los conteos coincidentes de La Jornada y Expansión Política.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, defendió la reforma desde tribuna. "La crítica, la sátira y el debate público pertenecen a la democracia, pero suplantar a una institución para engañar es otra cosa", dijo el legislador, en declaraciones recogidas por La Crónica de Hoy y La Jornada.
La oposición centró sus objeciones en el alcance del tipo penal. La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez sostuvo que las medidas "pueden inhibir la creación de sátira, caricaturas y moneros". El senador priista Manuel Añorve Baños planteó que la reforma "no debe criminalizar la parodia, la sátira, la caricatura ni la crítica política". La senadora panista Lilly Téllez afirmó en tribuna: "Estas esposas se las van a poner a los creadores de contenido que hacen memes, parodias, que se ríen". Las tres intervenciones fueron consignadas por Expansión Política y La Crónica de Hoy.
La discusión en el pleno transcurrió con protestas de legisladores de oposición, de acuerdo con la cobertura de Expansión Política, que tituló el episodio como la aprobación de la llamada "ley antimemes". Proceso registró el mismo debate bajo la denominación de "Ley Anti Parodias" empleada por los senadores que votaron en contra.
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula marcas, avisos y nombres comerciales, patentes y diseños industriales, y ya prevé sanciones administrativas por su uso indebido. La reforma aprobada traslada parte de esa conducta al ámbito penal cuando el material reproduce elementos gráficos de instituciones públicas.
El dictamen debe discutirse ahora en la Cámara de Diputados. Mientras no sea aprobado por la colegisladora y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo artículo 403 Bis no surte efectos.
Actualización, 13:29 h (Ciudad de México): la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma en su conferencia del 1 de octubre y negó que prohíba memes, parodias o crítica política. Dijo que lo que se sanciona es el uso de la identidad gráfica institucional para engañar, informaron Expansión y Aristegui Noticias. Sobre las penas circulan dos cifras: Expansión y Crónica consignan prisión de uno a cinco años y multa de mil a 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, que a 117.31 pesos equivale a un rango de 117 mil 310 a un millón 173 mil 100 pesos; Ejecentral reportó en septiembre un proyecto con penas de hasta siete años. Proceso informó el 23 de septiembre que la redacción del dictamen se modificó antes de subirlo al pleno, lo que explica la diferencia. Crónica detalla que el tipo penal exige tres elementos: escala comercial, intención de engañar y vínculo con la comisión de otro delito. En el debate, la senadora del PAN Lilly Téllez sostuvo que la medida alcanzará a creadores de memes y parodistas, mientras el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, afirmó que la crítica, la sátira y el debate político siguen protegidos y que lo que se castiga es el fraude por suplantación.
Actualización, 2 de octubre, 09:40 h (Ciudad de México): el comunicado de la Presidencia de la República del 1 de octubre publica el texto del artículo reformado y resuelve la cifra en disputa. La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, leyó la redacción aprobada: “Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito”. El documento confirma que la reforma es al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, no a la Ley Federal del Derecho de Autor, y que la pena es de uno a cinco años: la cifra de hasta siete años corresponde a una versión anterior del dictamen. El comunicado precisa además el objeto que la Presidencia le atribuye, que no aparecía en las versiones de prensa: el fraude con herramientas de inteligencia artificial. “Que salga la Presidenta en un video utilizando Inteligencia Artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude. Eso es un delito”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, y citó un caso ya ocurrido de un video suyo que llamaba a invertir en una cuenta atribuida a Pemex. El Senado y la Cámara de Diputados siguen sin publicar la minuta.
Fuentes
- La Jornada, "Avala el Senado castigos por uso indebido de la propiedad industrial" (Andrea Becerril y Georgina Saldierna), 1 de octubre de 2026
- Expansión Política (Carlos Vargas), 30 de septiembre de 2026
- La Crónica de Hoy, 30 de septiembre de 2026
- Proceso, 30 de septiembre de 2026
- Expansión, 1 de octubre de 2026
- Aristegui Noticias, 1 de octubre de 2026
- Crónica, 30 de septiembre de 2026
- Proceso, 23 de septiembre de 2026
- Presidencia de la República, comunicado del 1 de octubre de 2026