El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) publicó el 25 de septiembre de 2026 la regla definitiva que elimina las presunciones basadas en raza y sexo de su programa de Empresas de Negocios Desfavorecidas (DBE) y del programa equivalente para concesiones aeroportuarias (ACDBE). La norma entró en vigor el mismo día de su publicación en el Federal Register.
Hasta la regla interina de octubre de 2025, el programa presumía la condición de desfavorecido para las personas pertenecientes a determinados grupos: afroamericanos, hispanoamericanos, nativos americanos, asiático-pacíficos, asiáticos del subcontinente y mujeres. Una empresa propiedad de alguna de esas personas quedaba certificada sin necesidad de acreditar de manera individual su desventaja social y económica. El departamento determinó que esas presunciones eran inconstitucionales y las sustituyó por un sistema de determinaciones individuales.
La regla que ahora se publica confirma ese cambio con modificaciones de redacción respecto a la norma interina. Sustituye la expresión “similitud de situación” por “individuos no desfavorecidos con cualificaciones comparables”; cambia “barreras sistémicas” por “barreras sociales”; aclara que el solicitante puede narrar experiencias personales de discriminación por raza o sexo como parte de su acreditación; y elimina la ambigüedad terminológica entre descertificación y descalificación. El DOT fijó el 24 de diciembre de 2026 como plazo para las reevaluaciones.
El departamento recibió 637 comentarios de empresas del programa, contratistas, agencias estatales, autoridades aeroportuarias y grupos de defensa. El propio documento estima los costos de transición del cumplimiento entre 91.9 y 95 millones de dólares, una cantidad que describe como única y no recurrente.
El programa DBE opera desde 1983 y obliga a las agencias estatales y locales que reciben fondos federales de transporte a fijar metas de participación de empresas desfavorecidas en los contratos que licitan. El programa ACDBE aplica la misma lógica a las concesiones comerciales de los aeropuertos, como tiendas y servicios de alimentos.
La regla interina de octubre de 2025 se emitió después de que un tribunal federal de Kentucky cuestionó la constitucionalidad de las presunciones raciales del programa, y el propio departamento dejó de defenderlas en juicio. La norma definitiva mantiene el programa, y cambia el modo en que una empresa acredita que califica: en lugar de la pertenencia a un grupo, cada solicitante debe presentar una narrativa personal de desventaja social y acreditar su situación económica.
El documento no informa cuántas de las empresas actualmente certificadas podrían perder esa condición al aplicarse el nuevo criterio, ni cuántas presentaron ya una determinación individual. Las agencias receptoras de fondos federales quedan a cargo de procesar las reevaluaciones antes del plazo de diciembre.
