Alrededor de 50 integrantes del Comando Sur de Estados Unidos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) participaron junto a 320 miembros de la Policía Nacional del Ecuador en una serie de allanamientos realizados la madrugada del 24 de septiembre de 2026 en urbanizaciones privadas de Samborondón e Isla Mocolí, en la provincia de Guayas. Así lo reportaron La Jornada y el diario ecuatoriano El Universo.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que en el operativo fueron detenidas más de 30 personas y afirmó que con él se desarticuló una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. El ministro del Interior, John Reimberg, describió la acción como uno de los golpes más contundentes contra esa estructura y dijo que entre los detenidos están el presunto cabecilla y su financista.
De acuerdo con El Universo, la red allanada se dedicaba a la contaminación de contenedores con droga procedente de Colombia, un método que consiste en introducir la mercancía en carga legal ya sellada antes de su embarque en puerto. El decomiso incluyó armas de fuego, relojes de lujo, joyas, teléfonos celulares y vehículos de gama alta, según el reporte de La Jornada.
La Jornada reportó también que durante el operativo se registraron tres ejecuciones extrajudiciales. Ni la Policía Nacional del Ecuador ni el Ministerio del Interior han publicado una versión propia sobre esos hechos, y no hay confirmación independiente de esa cifra.
La participación de personal militar estadounidense en tareas policiales en territorio ecuatoriano se da en un contexto de estado de excepción vigente en ocho provincias del país, con toque de queda nocturno. Ecuador aprobó en referéndum de 2025 la posibilidad de instalación de bases militares extranjeras, medida que derogó la prohibición que la Constitución de 2008 establecía en su artículo 5.
El Comando Sur es el mando militar de Estados Unidos responsable de América Latina y el Caribe. Su participación en operaciones de aplicación de la ley en el territorio de otro país requiere un acuerdo con el gobierno anfitrión; ni Washington ni Quito han publicado el instrumento jurídico que amparó esta acción en particular, ni han precisado qué funciones desempeñó cada fuerza durante los allanamientos.
Ninguna de las dos autoridades ha dado a conocer la lista de personas detenidas, los delitos por los que serán procesadas ni la audiencia en que se definirá su situación jurídica. Tampoco se ha informado si hubo solicitudes de extradición o si la Fiscalía General del Estado ecuatoriana abrió una carpeta por las tres muertes reportadas.
Ecuador es el principal punto de salida marítima de cocaína hacia Europa desde la costa del Pacífico sudamericano, según los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que atribuyen ese papel a la infraestructura portuaria de Guayaquil y a su cercanía con las zonas de producción en Colombia y Perú.
