La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados inicia el miércoles 23 de septiembre el debate público de la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con dos reuniones convocadas en la Gaceta Parlamentaria: una a las 11:00 horas con funcionarios de gobierno y otra a las 13:00 horas con los sectores privado y social.
La iniciativa la envió el Ejecutivo federal el 8 de septiembre. Según el recuento de La Jornada, descansa en cuatro ejes: el reconocimiento de la CURP digital y del expediente digital ciudadano para contratar servicios financieros; la obligación del gobierno de aceptar pagos digitales en trámites y servicios; la facultad de la Secretaría de Hacienda para determinar sectores y actividades donde sólo se acepten pagos digitales; y atribuciones para que el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los bancos y la Agencia de Transformación Digital amplíen la infraestructura.
El punto que concentra las objeciones es el tercero. El texto de la iniciativa faculta a Hacienda para determinar “los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales los pagos digitales y electrónicos serían la única forma de pago”. Los legisladores de la comisión, según La Jornada, señalan que no queda claro qué debe entenderse por sector estratégico ni por actividad relevante, y que no se precisan los criterios para eliminar el efectivo, los límites de esa facultad, los sectores exceptuados ni los mecanismos de impugnación.
Expansión, en nota firmada por Antonio Hernández, aportó el alcance concreto que se discute: 13 mil 46 gasolineras y 129 casetas operadas por Caminos y Puentes Federales aparecen entre los sectores señalados. Una vez aprobada la ley, la autoridad tendría 15 días para designar dónde puede restringirse o prohibirse el efectivo. Los medios de pago contemplados son tarjetas de crédito y débito, la plataforma CoDi del Banco de México, códigos QR y los dispositivos de peaje.
El riesgo que los legisladores plantean, de acuerdo con la misma nota de La Jornada, recae sobre personas sin cuenta bancaria, adultos mayores, comunidades rurales e indígenas y quienes no tienen teléfono inteligente. La demanda de la comisión es que la ley garantice que nadie quede impedido de comprar, recibir servicios o hacer trámites por carecer de conectividad o de cuenta, y que se regulen las comisiones trasladadas a comercios y usuarios.
La exposición de motivos de la iniciativa consigna que las operaciones de hasta 500 pesos pagadas en efectivo bajaron de 90.1 por ciento en 2021 a 85.2 por ciento en 2024, mientras el uso de transferencias electrónicas y aplicaciones móviles subió de 1.6 a 4.4 por ciento.
La Ley Monetaria reconoce hoy al efectivo poder liberatorio ilimitado. Al anunciar la iniciativa el 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, según Expansión, que la medida “nos ayuda también para el tema de seguridad y también le facilita la vida a las personas para no tener que traer efectivo y poder pagar desde el celular”.
Lo que sigue son las dos reuniones del miércoles y, después, el dictamen de la comisión.
