Un tribunal de enjuiciamiento de Tamaulipas declaró culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, contralora gubernamental durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas, según Proceso.
La audiencia de juicio se celebró el 15 de septiembre y el fallo de responsabilidad se dio a conocer esta semana. La audiencia de individualización de la sanción quedó programada para el 22 de septiembre.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Viñas Herrera autorizó el pago de 60 mil pesos por concepto de honorarios a Alejandra Reyes Castillo, quien en ese momento ocupaba la Dirección Administrativa de la propia Contraloría Gubernamental y ya percibía un sueldo de la dependencia. La fiscalía sostuvo que se trató de un pago duplicado sin fundamento.
La Jornada y El Financiero reportaron el fallo con los mismos delitos y la misma fecha de sentencia.
Los rangos de pena previstos para los delitos por los que fue hallada responsable van de cuatro a diez años de prisión en el primer caso y de tres a ocho en el segundo, además de multa y de inhabilitación de cuatro a diez años para ocupar cargos públicos. La reparación del daño reclamada es de 60 mil pesos, el monto del pago observado.
Viñas Herrera permanece en libertad con la obligación de firmar periódicamente. Fue vinculada a proceso junto con otros exfuncionarios del gobierno estatal que encabezó García Cabeza de Vaca entre 2016 y 2022.
El exgobernador, hoy militante del PAN, enfrenta por separado señalamientos de la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Ha negado las acusaciones y las ha atribuido a una persecución política. No hay resolución firme en ese expediente.
El Poder Judicial de Tamaulipas no ha publicado la versión pública de la sentencia. La pena concreta y el monto de la multa se conocerán en la audiencia del 22 de septiembre, y la defensa puede impugnar el fallo mediante recurso de apelación.
El uso ilícito de atribuciones y facultades está tipificado en el Código Penal de Tamaulipas y sanciona al servidor público que otorga, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos o beneficios económicos a quien no tiene derecho a recibirlos. El desempeño irregular de funciones administrativas sanciona el ejercicio del cargo fuera de las atribuciones conferidas por la ley.
La Contraloría Gubernamental es el órgano interno de control del gobierno estatal y su función es vigilar el ejercicio del gasto de las dependencias. El expediente que derivó en el fallo señala a su titular por autorizar un pago dentro de su propia dependencia.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió a partir de 2022 una serie de carpetas contra exfuncionarios de la administración anterior. No ha publicado un balance del número de procesos abiertos ni de sentencias obtenidas.
