La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acumula al menos 35 carpetas de investigación por daño al suelo mediante extracción ilegal de materiales o invasión de terrenos en zonas de minas del oriente de la capital, iniciadas entre 2022 y 2026, de acuerdo con La Jornada.
Los expedientes los lleva la unidad de investigación de delitos ambientales y en materia de protección urbana. Se concentran en la Sierra de Santa Catarina, San Francisco Tlaltenco y Lomas de San Lorenzo, en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. Los materiales extraídos son arena, grava y basalto.
Entre los sitios identificados en las carpetas están la mina Buenavista, en Iztapalapa, con un expediente abierto en 2026; el cerro Xaltepec, descrito en los documentos como reserva natural protegida y que, según el reporte, seguía en operación en agosto de 2025 pese a una orden de clausura dictada en 2019; el volcán Teuhtli y el paraje El Pajaruco.
Las investigaciones documentan también asentamientos irregulares en las mismas zonas: familias extraen material pétreo para construir viviendas en terrenos sin autorización, lo que suma el cambio de uso de suelo al daño ambiental.
La nota no consigna la superficie afectada ni el volumen de material extraído, cifras que la fiscalía capitalina no ha hecho públicas. Tampoco se informa cuántas de las 35 carpetas derivaron en imputaciones o en personas vinculadas a proceso.
La Sierra de Santa Catarina es un sistema de conos volcánicos que conforma una de las últimas zonas de recarga del acuífero en el oriente del Valle de México. Parte de su superficie está catalogada como suelo de conservación por el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, categoría que prohíbe la extracción de materiales sin autorización y el asentamiento humano.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Secretaría del Medio Ambiente capitalinas no han difundido un balance de clausuras en esas minas durante 2026. El expediente del cerro Xaltepec, con orden de clausura desde 2019 y actividad registrada seis años después, es el caso en el que el reporte sitúa la distancia entre la resolución administrativa y su cumplimiento.
El suelo de conservación ocupa alrededor de 59 por ciento del territorio de la Ciudad de México y se concentra en las alcaldías del sur y el oriente. Su régimen lo fija la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que prohíbe en esas zonas el cambio de uso de suelo, la extracción de materiales sin autorización y los asentamientos humanos.
El daño al suelo con motivo de la extracción de materiales pétreos está sancionado en el Código Penal de la Ciudad de México dentro del título de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, con penas que van de dos a cinco años de prisión y multa, y que se agravan cuando los hechos ocurren en área natural protegida o suelo de conservación.
Las minas de la Sierra de Santa Catarina abastecieron durante décadas de tezontle y basalto a la construcción en el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La actividad convive hoy con colonias asentadas en las faldas de los conos volcánicos.