La iniciativa de Ley de Economía Digital para los Pagos Digitales y Electrónicos, enviada al Congreso por el gobierno de Claudia Sheinbaum, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar en qué sectores económicos solo se admitirán pagos digitales, de acuerdo con Expansión. El texto no enumera esos sectores.
El proyecto obliga a los tres órdenes de gobierno a aceptar pagos digitales por trámites y servicios públicos, y a los prestadores de servicios a contar con infraestructura para recibirlos. Concede 15 días hábiles, contados a partir de la aprobación, para que las autoridades sectoriales emitan las reglas operativas de la transición.
Según los datos citados en el reporte, México ocupa el sexto lugar mundial en dependencia del efectivo: 80 por ciento de las transacciones diarias se liquidan con dinero físico. Por delante están Etiopía, con 95 por ciento; Pakistán, con 90; e Irak y Cuba, con 85. Entre 2021 y 2024, el uso frecuente de efectivo en compras menores a 500 pesos bajó de 90.1 a 85.2 por ciento.
Las dos herramientas que el gobierno busca impulsar son CoDi, el sistema de cobro por código QR del Banco de México, y DiMo, las transferencias por número de teléfono. CoDi registró 21.5 millones de operaciones entre octubre de 2019 y julio de 2026. No hay cifra pública equivalente para DiMo.
Gasolineras y casetas de peaje fueron anunciadas como los primeros terrenos de prueba del pago sin efectivo. El Financiero reportó el contenido del proyecto el 9 de septiembre, cuando la presidenta lo presentó.
Especialistas en derecho consultados por Expansión advirtieron que la iniciativa puede interferir con el marco antilavado, que el traslado de operaciones a canales digitales no elimina por sí solo la actividad ilícita sino que la desplaza, y que el proyecto carece de mecanismos claros de cumplimiento. FinTech México respaldó la propuesta y pidió plazos graduales de implementación y garantías de neutralidad tecnológica; la asociación y Visa habían celebrado el anuncio, según La Jornada.
El Banco de México no ha publicado una postura sobre la iniciativa. La Cámara de Diputados no ha dictaminado el proyecto y no hay fecha para su discusión en comisiones.
CoDi entró en operación en septiembre de 2019 y DiMo en agosto de 2023, los dos desarrollados por el Banco de México sobre la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Ninguno cobra comisión al usuario y las transferencias son inmediatas las 24 horas. La cifra de 21.5 millones de operaciones de CoDi en casi siete años contrasta con el volumen del propio SPEI, que procesa cientos de millones de transferencias al año.
La iniciativa se suma a un paquete de cambios financieros que el gobierno ha impulsado desde abril, cuando la presidenta anunció un plan con el Banco de México y la banca comercial para digitalizar los pagos. Las gasolineras y las casetas fueron los dos primeros sectores en los que se buscaron acuerdos voluntarios con los operadores.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fija hoy umbrales en efectivo para operaciones vulnerables como la compraventa de inmuebles, vehículos y joyería. La iniciativa de economía digital no modifica esa ley.
