México acumuló 23 arbitrajes activos promovidos por inversionistas extranjeros al corte de junio de 2026, de acuerdo con el registro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que retomó El Universal en nota firmada por Ivette Saldaña el 18 de septiembre.
La serie del organismo sitúa a México entre los países más demandados de la última década. En 2022 recibió tres reclamaciones nuevas, el mismo número que Venezuela, Rumania y Eslovenia. En 2023 encabezó la lista con diez disputas. En 2024 sumó cuatro reclamos, en empate con Rusia. En 2025 registró cinco casos nuevos y volvió a empatar en el primer sitio, esta vez con Ucrania, dentro de un total de 56 arbitrajes iniciados en el mundo contra 37 países.
Los arbitrajes de inversión son procedimientos que las empresas extranjeras inician contra Estados al amparo de tratados de libre comercio o de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Se ventilan ante tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, y sus laudos son obligatorios para el Estado demandado.
El Universal identifica los minerales críticos y la industria energética entre los sectores con mayor litigio, y cita entre los casos recientes el de la empresa Vulcano y el de Silver Bull Resources, además de una reclamación por los taxímetros digitales de la Ciudad de México.
La Secretaría de Economía informó en su comunicado número 47 que México ganó ante el CIADI el arbitraje promovido por Silver Bull Resources, con lo que quedó desestimada una reclamación que superaba los 315 millones de dólares. El Financiero reportó el 5 de agosto que el país también evitó el pago de 219 millones de dólares a fondos de inversión estadounidenses en otro procedimiento, y La Jornada consignó que esa disputa duró cuatro años.
La Secretaría de Economía es la dependencia que representa al Estado mexicano en estos procedimientos a través de su Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional. El registro público de la UNCTAD, el Investment Policy Hub, lleva la cuenta de los casos conocidos por país demandado, por sector y por tratado invocado.
El organismo advierte en su propia metodología que el conteo abarca únicamente los casos de conocimiento público, porque una parte de los arbitrajes de inversión se tramita sin registro abierto.
Lo que sigue es la resolución de los procedimientos en curso. Ni la Secretaría de Economía ni la UNCTAD han publicado un desglose del monto total reclamado en los 23 arbitrajes activos.
