El gobierno de España sometió a información pública el 17 de septiembre un anteproyecto de ley orgánica que condiciona el uso de la inteligencia artificial generativa en el sector cultural: las réplicas digitales de artistas y los contenidos creados con esas herramientas sólo podrán producirse dentro de un contrato laboral, con consentimiento expreso y compensación económica. El texto lo impulsa el Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, en colaboración con el Ministerio de Cultura, de Ernest Urtasun, según El Español.
La norma se inscribe en el desarrollo del Estatuto del Artista, el paquete legislativo con el que España ha regulado las condiciones laborales de trabajadores de la cultura.
Qué establece el borrador
El anteproyecto limita el uso de la réplica digital a lo pactado en el contrato para el desarrollo, la explotación y la publicidad de la obra. Prohíbe reutilizar la réplica de un intérprete en secuelas o nuevas temporadas si el contrato original no incluye una cláusula específica para ello.
El texto establece además que “no se podrá realizar un contenido absolutamente nuevo, ajeno al trabajo del artista, partiendo de la imagen digital de un actor o de sus voces”, y que lo generado debe mantenerse de manera significativa como fue grabado, ejecutado o interpretado.
El argumento del ministerio
Fuentes del Ministerio de Trabajo describieron la propuesta como una regulación pionera frente a los acuerdos alcanzados en Estados Unidos y Alemania, que no cuentan con una ley específica sobre la materia, y sostuvieron que “la revolución tecnológica no puede ser a costa de los derechos humanos ni laborales”, según La Jornada.
El diario mexicano consignó que el gobierno español espera la aprobación “antes de que termine la legislatura”, sin fecha precisa. Los sindicatos CCOO y UGT, junto con asociaciones de artistas, habían criticado versiones anteriores del texto por dejar a los trabajadores culturales en una posición vulnerable frente a la IA generativa.
El trámite de información pública abre el periodo en que organizaciones y particulares pueden presentar observaciones al borrador. Después de esa fase, el anteproyecto debe volver al Consejo de Ministros antes de entrar al trámite parlamentario.
Ni el Ministerio de Trabajo ni el de Cultura han publicado el plazo exacto de la consulta ni el número de alegaciones recibidas. El texto tampoco fija sanciones concretas para el incumplimiento, de acuerdo con las versiones difundidas por la prensa española.
El Estatuto del Artista es el marco con el que España ha reformado desde 2018 la fiscalidad, la cotización y la intermitencia laboral de quienes trabajan en la cultura. La regulación de la inteligencia artificial quedó fuera de la versión que aprobó el Consejo de Ministros, y este anteproyecto es el intento de incorporarla por la vía de una ley orgánica.
