El gobierno de Australia difundió el 9 de septiembre el borrador de la ley Digital Duty of Care, que obliga a las plataformas de redes sociales a pedir de manera activa y repetida a sus usuarios que desactiven los feeds ordenados por algoritmo, en lugar de ofrecer esa opción de forma pasiva en la configuración. El incumplimiento se sanciona con multas de hasta 109.2 millones de dólares australianos, alrededor de 79 millones de dólares estadounidenses, según The Next Web.
La obligación no se limita a las redes sociales: el texto alcanza también videojuegos, aplicaciones y asistentes conversacionales de inteligencia artificial.
La Casa Blanca objetó la medida antes de que terminara el día. Su portavoz Kush Desai declaró que “el presidente Trump ha advertido de manera inequívoca a los socios comerciales contra la imposición de impuestos a los servicios digitales, multas y otras formas de extorsión al principal sector tecnológico de Estados Unidos”.
La ministra australiana de Comunicaciones, Anika Wells, rechazó esa caracterización. “No calificaría esa declaración de ese modo en absoluto”, dijo, y añadió que ningún funcionario estadounidense se había comunicado con su oficina sobre la iniciativa, de acuerdo con la nota de Reuters difundida por The Jakarta Post.
El primer ministro Anthony Albanese señaló que su gobierno decide sus políticas con base en el interés nacional australiano, describió su relación con Trump como “muy buena” y confirmó que se reunirá con él en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Es la segunda objeción del gobierno estadounidense a la regulación tecnológica australiana en un mes. La anterior fue por un gravamen a las plataformas destinado a financiar medios periodísticos.
Australia ya aplica desde diciembre de 2025 la prohibición de cuentas de redes sociales a menores de 16 años, la primera medida de ese tipo a escala nacional. El nuevo borrador extiende la lógica de esa política del acceso al diseño del producto: en vez de restringir quién entra, regula cómo se ordena el contenido una vez adentro.
El texto está en periodo de consulta pública y todavía no se ha presentado en el Parlamento. La administración estadounidense anunció que planteará sus objeciones a Canberra durante esa etapa. El gobierno australiano no ha fijado la fecha en que enviará la iniciativa al Legislativo ni el plazo de entrada en vigor de las obligaciones.
El concepto de deber de cuidado digital traslada a las plataformas una obligación que en Australia ya existe para otros sectores: prevenir daños previsibles a los usuarios, en lugar de responder caso por caso a los contenidos que se denuncian. El regulador encargado de aplicarlo es la Comisión de eSafety, creada en 2015, que ya administra los regímenes de retiro de contenido y la verificación de edad.
