La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer las circunstancias de la muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció tras un procedimiento de la Policía Nacional, e investigar si en el caso hubo perfilamiento racial. El organismo difundió su pronunciamiento el 27 de septiembre de 2026.
En su comunicado, la Defensoría informó que acompaña a la familia, solicitó a la Fiscalía determinar responsabilidades y enmarcó el caso en lo que describió como un “racismo estructural, sistémico e histórico”. El organismo señaló que siete uniformados fueron separados del cargo mientras avanzan las investigaciones. Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre, en el límite entre Bogotá y Soacha.
El caso se sumó a otros dos ocurridos en los primeros dos meses del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La Jornada reportó este martes, en una nota firmada por su corresponsal Jairo Gómez, la muerte de Ricardo Rodríguez Martínez, de 18 años, en un operativo de las fuerzas de seguridad cerca de Santa Marta, y la presunta desaparición del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán a manos de efectivos militares en el departamento del Meta. En el caso de Santa Marta, la familia de Rodríguez Martínez sostiene que era un campesino sin vínculos con organizaciones criminales; su madre declaró que su hijo “nada tenía que ver con organizaciones criminales”. El dato de que en la detención de Balanta se empleó un arma de electrochoque lo reporta La Jornada y no aparece en el comunicado de la Defensoría.
El diario El Espectador informó el 28 de septiembre que la Oficina de la ONU también exigió esclarecer la muerte de Balanta bajo custodia policial, y confirmó el acompañamiento de la Defensoría a la familia y la solicitud dirigida a la Fiscalía.
La Defensoría del Pueblo es el organismo autónomo de control con mandato constitucional para promover y vigilar los derechos humanos en Colombia. Puede requerir investigaciones y emitir recomendaciones, pero no tiene facultades sancionatorias: la responsabilidad penal la determinan la Fiscalía y los jueces, y la disciplinaria, la Procuraduría.
El término que reaparece en la discusión pública colombiana a propósito de estos casos es el de “falsos positivos”, la práctica de presentar a civiles asesinados como bajas en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016, imputó esa conducta como crimen de lesa humanidad para el periodo 2002-2008 y contabilizó más de 6,400 víctimas en ese lapso. Los tres casos de 2026 son hechos distintos y están en fase de investigación; ninguna autoridad judicial ha establecido todavía responsabilidades.
De la Espriella asumió la presidencia este año. Su gobierno adoptó como lema la frase “Por la razón o por la fuerza. ¡Viva Cristo Rey!”. Al momento de esta publicación no hay pronunciamiento del Ministerio de Defensa ni de la Presidencia de Colombia sobre el conjunto de los tres casos.
Fuentes
- Defensoría del Pueblo de Colombia, 27 de septiembre de 2026
- El Espectador, 28 de septiembre de 2026
- La Jornada, 29 de septiembre de 2026
Imagen: Agentes de la Policía Nacional de Colombia en Bogotá. Foto de archivo: EEIM / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. No corresponde al procedimiento en el que murió Donovan Balanta.
