Amnistía Internacional México publicó el 26 de septiembre un comunicado en el que exige que el Ejército entregue los 853 folios generados durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro”, con sede en Iguala, Guerrero. La entrega de esos documentos fue ordenada en febrero de 2026 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, dentro del juicio de amparo 1350/2023, y según la organización sigue sin cumplirse.
El comunicado se publicó al cumplirse 12 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
“La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección México, en el documento.
La organización planteó cinco exigencias: que el Ejército entregue la totalidad de la información generada en 2014 por el centro de inteligencia de Iguala; que se cumpla la orden judicial de febrero de 2026; que se investigue el borrado de los videos de las cámaras del Palacio Municipal de Iguala; que la información se priorice a las familias de los desaparecidos; y que los responsables sean enjuiciados conforme al derecho internacional. El comunicado atribuye la orden de borrar esos videos a Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, quien no ha respondido al señalamiento.
Los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia son unidades de recolección y análisis creadas durante el gobierno de Felipe Calderón, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional y corporaciones policiales. El centro con sede en Iguala operaba la noche del 26 de septiembre de 2014, y de ahí proviene el reclamo: si el Ejército registró los hechos en tiempo real, sus archivos son prueba directa.
El comunicado retoma el mensaje final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del 31 de julio de 2023, en el que el grupo sostuvo que la información que había recibido durante el proceso “era parcial”. El GIEI se creó por acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Secretaría de la Defensa Nacional no ha respondido públicamente al comunicado ni ha informado si cumplirá la orden judicial y en qué plazo. El gobierno federal tampoco se ha pronunciado sobre ese punto específico.
Las madres y los padres de los 43 normalistas marcharon el 26 de septiembre en la Ciudad de México, según La Jornada, y el 25 protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estudiantes de Morelos marcharon también el 26, de acuerdo con Proceso. El 25 de septiembre este medio informó que los padres sostienen que 25 normalistas fueron llevados al 27 Batallón de Infantería.
Cuando una autoridad no acata una sentencia de amparo, el juzgado que la dictó puede abrir el procedimiento de inejecución de sentencia previsto en la Ley de Amparo. No hay constancia pública de que el Juzgado Quinto de Distrito lo haya iniciado. Queda pendiente el informe de avance que el gobierno federal suele entregar en el aniversario y el pronunciamiento de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
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