El Federal Register publicó el 23 de septiembre de 2026 dos documentos presidenciales que extienden y refuerzan el cobro de 100 mil dólares por cada petición de visa H-1B en Estados Unidos. Son la proclamación 11069, citada como 91 FR 60497, y la orden ejecutiva 14431, citada como 91 FR 60501. Las dos las firmó Donald Trump el 18 de septiembre y la proclamación entró en vigor el 21 de septiembre a las 00:01 horas del este.
La proclamación impone el pago por cada petición de visa de la categoría prevista en la sección 101(a)(15)(H)(i)(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que corresponde a trabajadores en ocupaciones especializadas. Tiene vigencia de doce meses, de modo que expira el 21 de septiembre de 2027 salvo prórroga, y extiende la proclamación 10973 de septiembre de 2025, sobre la cual el documento argumenta que redujo el abuso del programa con salarios bajos.
Las excepciones quedan a discreción del secretario de Seguridad Interior. El texto establece que la restricción no se aplicará a un extranjero, a todos los extranjeros que trabajen para una empresa o a todos los que trabajen en una industria si esa dependencia determina que su contratación como trabajadores H-1B en ocupaciones especializadas es de interés nacional. El fundamento invocado son las secciones 212(f) y 215(a) de la misma ley, que facultan al presidente a suspender la entrada de extranjeros cuando la considere perjudicial para el interés nacional.
La orden ejecutiva 14431 fija un plazo de 30 días para que el secretario del Trabajo, a través del administrador de la División de Horas y Salarios, empiece a revisar las solicitudes de condición laboral ya presentadas y determine si procede acción adicional contra los empleadores patrocinadores. Ese plazo vence el 23 de octubre de 2026. La orden instruye además a los secretarios de Estado, Trabajo y Seguridad Interior a coordinarse con Comercio, Educación y la Administración de Pequeños Negocios, y a tomar en cuenta si el empleador hizo despidos en el año previo o planea despidos que afecten a trabajadores estadounidenses en situación similar. El documento sostiene que el programa «ha sido ampliamente abusado por ciertos empleadores, grupos de colocación de terceros y firmas de subcontratación» para desplazar mano de obra estadounidense calificada, y cita una brecha salarial estimada que arranca en 9 mil dólares y sube hasta 20 mil en las industrias que más dependen de esa visa.
El cobro está impugnado en tribunales. El 9 de junio de 2026 el juez federal de distrito Leo Sorokin, en Boston, lo anuló al considerar que la política «impone un impuesto a las peticiones H-1B sin la delegación requerida por el Congreso», según NPR. La demanda la promovieron veinte estados encabezados por Massachusetts, con litigios separados de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de organizaciones religiosas y sindicales. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, declaró entonces que el fallo «protege la integridad del programa de visas H-1B», y la vocera de la Casa Blanca Taylor Rogers respondió que la administración confiaba en revertirlo en apelación.
Casi tres cuartas partes de las aprobaciones de esa visa corresponden a trabajadores de India, según la misma fuente. El número de beneficiarios mexicanos no está consignado en los documentos revisados.
Este medio no pudo establecer el estado procesal actual del litigio, es decir si hay una suspensión vigente y en qué circuito se tramita la apelación: el servicio de consulta de fallos federales no respondió a la búsqueda hecha para esta nota. Las fechas siguientes del proceso son el 23 de octubre de 2026, para el arranque de la revisión de solicitudes laborales, y el 21 de septiembre de 2027, para el vencimiento de la proclamación.
