La Organización Internacional del Trabajo anunció el 24 de septiembre la firma de sus primeros acuerdos de asociación público-privada en materia de salarios vitales, con tres contrapartes: la Responsible Business Alliance, la empresa Unilever y la asociación empresarial amfori. El anuncio está en un comunicado del propio organismo, que es la única fuente de esta nota: ningún medio había reporteado la firma al cierre.
Los convenios se inscriben en el Programa de Salarios Vitales de la organización, lanzado en abril de 2025, y se alinean con el acuerdo tripartita de 2024 sobre políticas salariales, el instrumento que define el salario vital y la metodología para estimarlo.
Las acciones comprometidas son cinco, según el comunicado: estimar las necesidades de los trabajadores y sus familias con la metodología del organismo; analizar los factores económicos pertinentes con datos nacionales; convocar mesas con gobiernos y con organizaciones de empleadores y de trabajadores; dar asistencia técnica para estimar salarios vitales; e investigar para fortalecer los mecanismos nacionales de fijación salarial.
Rob Lederer, director ejecutivo de la Responsible Business Alliance, declaró que su organización «espera asociarse con la OIT en este proyecto importante para apoyar enfoques basados en evidencia sobre los salarios en las cadenas de suministro globales». Rianne Buter, vicepresidenta global de Sostenibilidad de Unilever, afirmó que «el progreso significativo depende de soluciones compartidas que reúnan las perspectivas de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos». Linda Kromjong, presidenta de amfori, planteó la posibilidad de «establecer un punto de referencia común y creíble, basado en la definición y la metodología de la OIT». amfori opera en más de cincuenta países.
La figura del salario vital es distinta de la del salario mínimo legal. El salario mínimo lo fija la autoridad de cada país por vía normativa; el salario vital es una estimación del ingreso necesario para que una persona trabajadora y su familia cubran un nivel de vida básico en un lugar y un momento determinados, y no tiene fuerza obligatoria por sí mismo. El acuerdo tripartita de 2024 fue el punto en que los tres componentes del organismo, gobiernos, empleadores y trabajadores, adoptaron una definición común, paso que hasta entonces no existía en el marco internacional.
En México el salario mínimo general lo determina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, órgano tripartita previsto en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, con revisión anual. El país es Estado miembro de la organización y las tres contrapartes firmantes tienen cadenas de proveeduría en territorio mexicano.
El comunicado no enumera los países cubiertos por los acuerdos: señala que abarcan aquellos donde operan las empresas firmantes, sin mencionar a México. Tampoco incluye montos, número de trabajadores alcanzados ni calendario de implementación, y no fija la fecha del siguiente paso. Esos datos tendrían que solicitarse a la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba.
