El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró que 509 mil 900 hogares en México tenían entre sus integrantes al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia por la violencia o la inseguridad delictiva. En conjunto, esos hogares se conformaron por 1.6 millones de personas. El dato está en el comunicado de prensa 54/26, publicado el 22 de septiembre con los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025.
El mismo apartado del comunicado reporta que 151 mil 900 hogares contaban con al menos una persona que se desplazó de forma obligada a causa de catástrofes naturales o de origen humano. Esos hogares estaban integrados por 485 mil 500 personas.
Sumados los dos motivos, la encuesta ubica a 661 mil 800 hogares del país con al menos un integrante desplazado por la fuerza, aunque el INEGI no presenta ese agregado y publica las dos cifras por separado.
El comunicado del instituto no incluye un desglose del desplazamiento por entidad federativa. Las tablas estatales que circularon en la prensa el 22 de septiembre proceden de lecturas distintas de los tabulados y no coinciden entre sí: Milenio situó a Zacatecas como el estado con mayor desplazamiento por violencia, mientras que El Financiero colocó arriba a Morelos, Colima y Baja California Sur en la proporción de población desplazada por esa causa. El INEGI no ha publicado un cuadro comparativo que resuelva la diferencia.
La EIC 2025 recabó información entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con una muestra de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas. Sus resultados cubren las 32 entidades federativas, los 2 mil 478 municipios o demarcaciones territoriales y las localidades de 50 mil habitantes y más.
La medición del desplazamiento forzado interno con un instrumento de esta escala es nueva en el sistema estadístico nacional. Hasta ahora, las estimaciones disponibles en México provenían de organizaciones civiles y de organismos internacionales, que las construían a partir de registros de prensa y de trabajo de campo acotado, con metodologías que no permitían comparación directa con los censos.
La encuesta pregunta por el hecho del cambio de residencia y su motivo declarado, no por la situación jurídica de las personas. El instituto no clasifica los casos como desplazamiento interno en el sentido que le dan los instrumentos internacionales, ni identifica a los responsables de la violencia que lo originó.
México no cuenta con una ley general en materia de desplazamiento forzado interno. Una iniciativa en ese sentido fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2020 y no ha sido dictaminada por el Senado desde entonces.
El INEGI señaló en el mismo comunicado que los resultados, los productos de difusión, las herramientas interactivas y los microdatos de la EIC 2025 pueden consultarse en su portal, y remitió al reporte de resultados para los detalles técnicos. Ese reporte es el documento donde tendrían que aparecer los cortes por entidad que hoy faltan.
