El gobierno de Donald Trump prepara un paquete de sanciones que prohibiría la mayoría de las transacciones con la Corte Penal Internacional tras un periodo de gracia de seis a siete meses. Lo reportó The Wall Street Journal el domingo 20 de septiembre y lo confirmó después Reuters, con dos fuentes propias familiarizadas con el asunto. Ni la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro lo han confirmado oficialmente: la medida no aparece en el sitio de la Casa Blanca ni publicada en el Federal Register al corte de esta nota.
La medida impediría a ciudadanos y empresas estadounidenses proveer dinero, bienes o servicios al tribunal sin una licencia del Departamento del Tesoro. Es un salto respecto de lo hecho hasta ahora: Washington había sancionado a personas, más de una docena de jueces y fiscales, no a la institución. El efecto operativo declarado es interrumpir las finanzas de la Corte, sus servicios de tecnología de la información, sus pagos rutinarios y sus investigaciones, de acuerdo con la cobertura de Al Jazeera, que atribuye los dos reportes originales.
El argumento del gobierno estadounidense, según ese reporte, es que la Corte “ha excedido su autoridad al perseguir a funcionarios de países que no son miembros” del tribunal. La base legal es la orden ejecutiva de Trump de febrero de 2025 sobre la Corte Penal Internacional.
El presidente y el registrador del tribunal ya habían advertido que las sanciones pueden interferir con su capacidad de comprar tecnología de la información y servicios de seguros, contratar investigadores y hacer pagos rutinarios. El 18 de agosto de 2026 Estados Unidos sancionó al presidente de la Corte y a un abogado litigante de alto nivel de la Fiscalía. Al día siguiente el tribunal calificó las sanciones de “ataque flagrante” contra su independencia. La Corte no ha respondido públicamente al paquete que ahora se reporta, que todavía no se anuncia.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. El mecanismo que se usaría es el de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que congela activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas estadounidenses hacer negocios con el objetivo, salvo licencia. Aplicado a una organización internacional entera alcanza a proveedores de software, bancos corresponsales y aseguradoras.
La presión ya empujó salidas del tribunal. The Washington Post documentó el 11 de septiembre que más países abandonan la Corte, entre ellos Venezuela y Chad. El fiscal jefe Karim Khan fue removido del cargo el 24 de julio de 2026 por los Estados parte, en un voto sin precedentes, por acusaciones de abuso sexual que él atribuyó a motivos políticos.
México es Estado parte del Estatuto de Roma desde 2005. La Cancillería no ha fijado postura sobre el paquete reportado. En agosto de 2026 cuatro organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos demandaron alegando que las sanciones vigentes obstruyen su trabajo legal y de derechos humanos; ese litigio sigue abierto. La decisión podría anunciarse durante la semana de la Asamblea General o poco después.
Fuentes
- Al Jazeera — Trump administration readies sweeping sanctions against ICC, reports say, 21/09/2026
- Al Jazeera — US sanctions International Criminal Court president and trial lawyer, 18/08/2026
- Al Jazeera — ICC condemns US sanctions as flagrant attack on court independence, 19/08/2026
- The Washington Post — Más países abandonan la Corte Penal Internacional, 11/09/2026
- Federal Register — Documentos publicados
