El gobierno reporta 67 mil detenidos por delitos de alto impacto y la población penitenciaria creció 37 mil

septiembre 21, 2026
Foto de archivo: el pasillo de un bloque de celdas. No corresponde a un penal mexicano.
Foto de archivo: el pasillo de un bloque de celdas. No corresponde a un penal mexicano. Foto: Thomas from Philadelphia Area, USA / CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 el gobierno federal reportó 67 mil 200 personas detenidas por delitos de alto impacto. En el mismo periodo la población penitenciaria federal y local creció 37 mil 934 personas, de 234 mil 514 al 1 de octubre de 2024 a 272 mil 448 al 31 de julio de 2026, según los registros del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social. El cruce lo publicó este lunes El Universal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió al diario que el número de detenidos “no puede compararse directamente con el incremento neto de la población penitenciaria ni con la capacidad del Sistema Penitenciario Federal, pues se trata de indicadores distintos”.

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La cifra de detenciones la presentó el secretario Omar García Harfuch el 8 de septiembre de 2026, como balance de dos años de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con 34 mil armas aseguradas y 111 funcionarios detenidos. Ese balance lo consignaron Aristegui Noticias y La Crónica de Hoy. La SSPC es el emisor del dato.

El flujo penitenciario que reporta el órgano desconcentrado es de cerca de 15 mil ingresos y 13 mil salidas al mes, un saldo de unas mil 200 personas más que entran de las que salen. Más de 40 por ciento de las personas privadas de la libertad carece de sentencia firme.

Héctor Hernández Bringas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo al diario que casi la mitad de las personas encarceladas está en prisión preventiva sin caso resuelto, lo que representa “un problema estructural mayor” del poder judicial mexicano. Paola Zavala Saeb, fundadora de la organización Ocupa, señaló que ese más de 40 por ciento sin sentencia firme vive en condiciones de hacinamiento, alimentación inadecuada y fallas sanitarias. José Luis Gutiérrez Román, director de Asilegal, también fue consultado por El Universal.

La prisión preventiva oficiosa está prevista en el artículo 19 de la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal regula el funcionamiento de los centros penitenciarios.

Las comparecencias de secretarios de Estado por el Segundo Informe de Gobierno arrancan a fines de septiembre o principios de octubre en el Senado. El órgano penitenciario publica su cuaderno de información estadística de forma periódica, que es donde se verificará el corte de agosto de 2026.

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y administra los centros federales de readaptación social. Su cuaderno de información estadística penitenciaria concentra los datos de los centros federales y de los sistemas estatales, que son los que alojan a la mayoría de la población privada de la libertad en el país.

Los delitos que el gobierno federal clasifica como de alto impacto incluyen homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia y delitos contra la salud. Una detención no equivale a un ingreso penitenciario: entre una y otro median la puesta a disposición ante el Ministerio Público, la audiencia inicial y la decisión del juez de control sobre la medida cautelar, que puede ser la prisión preventiva o una medida en libertad.

Fuentes

Redacción Desarticulista

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