La Ciudad de México expropió el edificio de República de Cuba 11 y lo destinó a vivienda social

septiembre 17, 2026
Fachada del edificio de República de Cuba 11 en el Centro Histórico
El edificio de República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: YoelResidente, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

El gobierno de la Ciudad de México expropió el edificio de República de Cuba 11, en el Centro Histórico, y lo transfirió al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para destinarlo a un programa de vivienda de interés social y popular. El decreto, firmado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, se publicó este jueves en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entró en vigor el mismo día, de acuerdo con Proceso.

El predio mide 635.72 metros cuadrados y está en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, según el decreto citado por El Universal. El texto autoriza al INVI a tomar posesión física y administrativa inmediata del inmueble, y obliga al gobierno capitalino a cubrir la indemnización a quien acredite interés jurídico como propietario.

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El inmueble fue desalojado el 27 de agosto de 2025, cuando una persona se presentó como nueva propietaria. Salieron 19 familias y los ocupantes de dos locales comerciales, entre ellos un taller de máquinas de escribir que operaba ahí desde 1988, reportó Proceso. Los habitantes denunciaron entonces que los documentos con los que se ejecutó el desalojo eran irregulares, y el secretario de Vivienda reconoció “graves inconsistencias en los títulos” exhibidos por quienes se ostentaban como dueños.

El trámite tomó poco más de un año. El 29 de junio de 2026 el Comité del Patrimonio Inmobiliario aprobó iniciar las gestiones, según El Universal; el 10 de julio la Secretaría de Gobierno determinó que existía causa de utilidad pública para destinar el predio a vivienda social, de acuerdo con Proceso, y el 14 de septiembre se confirmó la declaratoria.

La expropiación por causa de utilidad pública está prevista en la Ley de Expropiación y en la legislación local: el Ejecutivo local decreta la ocupación del bien, lo destina al fin declarado y paga una indemnización al propietario, que puede impugnar el monto y el decreto por la vía judicial. En este caso el decreto señala que el inmueble se destinará a los ocupantes que fueron expulsados y, conforme a la disponibilidad, a otras personas beneficiarias de programas de vivienda social.

El caso se inscribe en la discusión sobre desalojos en el Centro Histórico. En julio de 2026 La Jornada reportó que el diputado Inti Muñoz describió la operación como un paso contra la gentrificación, y en esa misma cobertura se informó que ya existía un proyecto de vivienda para el inmueble.

Falta que se determine el monto de la indemnización y que el INVI defina el número de viviendas y el plazo del proyecto. Ni Proceso ni El Universal registraron una postura de quienes se ostentaron como propietarios del predio.

Fuentes

Redacción Desarticulista

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