La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental y el Comando Sur de Estados Unidos informaron el lunes 7 de septiembre de 2026, a través de la red social X, del hundimiento de una quinta embarcación en aguas del Pacífico oriental, cerca de Ecuador. Los mandos estadounidenses vincularon el barco a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.
Es el quinto barco destruido en menos de dos semanas: las operaciones comenzaron el 28 de agosto. Entre las embarcaciones alcanzadas se han identificado tres por su nombre, OM2, Los Tres Hermanos y Conquista II; las otras dos no han sido nombradas por las autoridades.
Estados Unidos no ha presentado públicamente pruebas del vínculo de las embarcaciones con esa organización ni ha detallado en qué se sustentó la decisión de atacarlas.
La campaña estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico acumula más de 200 muertos desde septiembre del año pasado, según el recuento de Infobae. Además de los cinco ataques reconocidos desde agosto, hay denuncias de tres operaciones más ocurridas en enero y en marzo que Washington no ha reconocido oficialmente.
En Ecuador el caso alcanzó los tribunales por otra vía. Un juez liberó a 28 pescadores detenidos en el marco de estas operaciones porque, según la resolución citada por Infobae, la Fiscalía no pudo probar la existencia de sospechas de la comisión de algún delito.
El pescador Eduardo Holguín describió los operativos como un “martirio” y relató que militares interceptaron su embarcación desde helicópteros.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de los ataques. Amnistía Internacional, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y abogados defensores han pedido que se investiguen las desapariciones de personas registradas durante el periodo de las operaciones. Washington ha negado tener vínculo con esas desapariciones.
El gobierno de Ecuador no ha emitido comentario sobre este último hundimiento, según consignó La Jornada San Luis.
Los Choneros es una organización originaria de la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana, señalada por las autoridades de ese país como una de las estructuras dedicadas al tráfico de cocaína hacia el norte del continente. Su liderazgo histórico está en prisión.
Ni el Comando Sur ni la Fuerza de Tarea Conjunta han informado cuántas personas murieron en el ataque del 7 de septiembre, cuál era la carga de la embarcación ni bajo qué figura jurídica se realizan las operaciones en aguas internacionales. Tampoco se ha informado de un procedimiento de revisión, judicial o legislativo, sobre estas acciones en Estados Unidos.